Después del contundente veto del presidente Rodrigo Chaves a la ley que fue aprobada por la Asamblea Legislativa, la cual tenía como objetivo fortalecer las pensiones del Instituto de Investigación Judicial (OIJ), los suplentes expresaron sus opiniones al respecto.

Su preocupación ante el veto es palpable, y están decididos a buscar maneras de regularizar la situación, de modo que este valioso proyecto se convierta en una ley formal de la República de Costa Rica.

A lo largo de la historia de la nación, diversas opiniones legislativas han sido planteadas, reflejando un debate abierto y activo en este contexto tan crítico.

“Desafortunadamente, la postura del Secretario y el Presidente está justificada desde su perspectiva. Este proyecto de ley tenía fundamentos sólidos, con argumentos legales y numéricos que demostraron su viabilidad para ser aprobado”, comentó el jefe de la clase, Oscar Izquierdo, refiriéndose a la importancia de la iniciativa.

“Los funcionarios del OIJ son quienes realmente aportan a la vida de los costarricenses; no podemos olvidarlo, y se debe hacer justicia al respecto. Nos comprometemos a buscar los votos necesarios para que esta ley avance”, advirtió Izquierdo en sus declaraciones, subrayando la importancia de defender los derechos de los policías judiciales.

De manera similar, Alejandra Larios, quien es una figura relevante en el ámbito de la justicia, expresó sus sentimientos sobre la situación. Ella destacó que había presentado este documento durante el periodo actual, continuando la labor iniciada en 2021 por Dragos Donolescu.

“Sigo convencida de que esta es una tarea tanto legal como justa, y, por supuesto, trabajaremos incansablemente para conseguir los votos necesarios para que se respete el proyecto”, añadió Larios, reafirmando su fe en la capacidad de lograr este objetivo.

Es importante señalar que para poder restaurar el proyecto desde la casa presidencial se requiere un mínimo de 38 votos, un número que fue superado cuando la propuesta fue aprobada inicialmente en un segundo debate, logrando 40 votos a favor.

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“Revanchismo”

Además, Monserrat Ruiz, quien también ha sido una voz crítica, considera que la acción de Chaves de ejercer su poder de veto sobre este proyecto parece más un “acto de revanchismo”.

Según Ruiz, “parece que hay una vendetta por parte del Presidente de la República contra el sistema judicial. No es casualidad que sus discursos y acciones vayan dirigidos hacia aquellos partidos que lo están investigando, en especial el ministerio público y el OIJ, que tienen en sus manos diversas causas de corrupción que implican al presidente y a varios de sus ministros”, comentó con seriedad.

Ruiz recordó que “este gobierno ha acumulado una serie de vetos” y enfatizó que “parece que continuará apilando restricciones a la labor legislativa”.

Desde Pusc y Frente Amplio, los líderes de la ofensiva, Alejandro Pacheco y Rocío Alfaro, también lamentaron la decisión del presidente y discutieron la posibilidad de continuar luchando por los derechos de los funcionarios del OIJ.

“Es un obstáculo considerable, pero continuaremos, pues nuestra Constitución establece que los agentes de OIJ pueden retirarse a la edad anterior. Debemos presentar la propuesta nuevamente a la sesión legislativa”, aclaró uno de los representantes del Frente Amplio.

“Es lamentable que el presidente no respalde a los oficiales del OIJ, quienes trabajan arduamente durante largos días. La situación regresará al Parlamento, donde discutiremos la violación como parte del procedimiento a seguir. Es fundamental brindar apoyo a estos agentes que están en el frente de la justicia”, dijo también un representante del Partido Cristiano Social.

El veto y el proyecto

Chaves, al presentar su veto sobre la ley, argumentó que existen “razones relacionadas con las oportunidades, la comodidad y la gobernanza”.

“Después de un análisis minucioso del contenido del fallo, se determinó que la norma contiene una serie de aspectos que afectan seriamente al gobierno y transgreden los principios fundamentales del sistema de justicia, pudiendo dañar los derechos constitucionales de los ciudadanos”, señala el documento que fue enviado al Parlamento para su consideración.

El veto se sustentó en tres factores claves que se evaluaron para justificar esta decisión:

• Violaciones al principio de igualdad ante la ley.
• Lesiones a los principios de razonabilidad y justicia.
• Violación del principio de sostenibilidad financiera.

El objetivo de la propuesta era que los agentes del Instituto de Investigación Judicial (OIJ) pudiesen acceder a sus pensiones anticipadamente a los 55 años.

Para que los funcionarios del OIJ puedan acceder a estas jubilaciones anticipadas, deben cumplir ciertos requisitos, siendo el más destacado que deben tener al menos 30 años de servicio dentro de la institución.

Además, se buscaba permitir que estos agentes recibieran pensiones equivalentes al 82% del promedio de sus últimos 240 salarios mensuales, un monto que sería ajustado conforme al índice de precios al consumidor (IPC) vigente durante ese período, algo que se gestionaría de acuerdo con las tarifas establecidas por los servicios gubernamentales.

El proyecto también incluye artículos que describen los procedimientos relacionados con la jubilación anticipada en caso de no cumplir con los años de servicio necesarios.