El tribunal penal de OSA ha tomado la decisión de detener temporalmente el avance de un proyecto residencial en construcción.
Este proyecto estaba planeado para desarrollarse en una propiedad que forma parte de un área forestal, específicamente dentro del curso biológico conocido como Paso La Danta, que se encuentra en el Portale de Savegre, en Quepos. Este lugar es conocido por su rica biodiversidad y su importancia ecológica, lo que ha suscitado preocupaciones sobre el impacto ambiental del desarrollo urbano en su entorno.
Las autoridades competentes no solo han decidido paralizar la construcción, sino que también han ordenado a la empresa encargada que tome medidas inmediatas para detener cualquier tipo de actividad en el barranco. Esto incluye asegurar la protección de los cuerpos de agua en la cercanía del área en cuestión, así como realizar trabajos de ablandamiento del terreno para prevenir deslizamientos de tierra. Este tipo de medidas son fundamentales, ya que los deslizamientos pueden poner en peligro tanto la estabilidad de las construcciones como la seguridad de las personas que habitan en los alrededores.
Según la oficina del fiscal, existe una creencia fundamentada de que el acusado incurrió en un error grave al presentar documentación ante la Secretaría Técnica Ambiental Nacional (Setena). La certificación que fue utilizada para respaldar el proyecto indicaba incorrectamente que el terreno era apto para la construcción cuando, en realidad, se encuentra en una zona forestal. Esto plantea serias dudas sobre la integridad y la transparencia del proceso de autorización ambiental que se llevó a cabo antes del inicio de los trabajos de construcción.
Tras realizar una inspección detallada, la institución, en colaboración con la oficina del fiscal, llegó a la conclusión de que el terreno efectivamente forma parte del bosque. Por lo tanto, se ha decidido que no se permitirá continuar con la edificación de ninguna obra en esa área. Esta decisión subraya la importancia de proteger los ecosistemas vulnerables y asegurarse de que las construcciones respeten las normativas ambientales vigentes.
El caso, que actualmente sigue siendo objeto de investigación, incluye supuestos delitos relacionados con:
- Cambio de uso del suelo sin la debida autorización.
- Generación de residuos ilegales en el proceso de construcción.
- Uso no autorizado de recursos forestales.
- Extracción y uso de fuentes de agua sin permisos adecuados.
- Destrucción de la vegetación dentro de un área designada como zona de protección.
- Ingreso indebido en un área de protección ambiental.
- Intrusión en áreas restringidas según las leyes de conservación.
- Mentira ideológica al presentar información errónea sobre la localización y el estado del terreno.
