Recientemente, ha surgido un veto relacionado con un importante proyecto legislativo que tiene como objetivo fortalecer la pensión del Defensor del Pueblo perteneciente al Instituto de Investigación Judicial (OIJ). Este veto ha dado lugar a tres registros que indican que será crucial que la sesión legislativa se resuelva en un tiempo prudente. La asamblea de alternativos se enfrenta ahora a la difícil decisión de si mantienen o modifican este veto, con la intención de convertirlo en una Ley de la República. Para que el veto sea restaurado, es indispensable obtener al menos 38 votos a favor.
En adición al proyecto que trata sobre las Pensiones Avanzadas del OIJ, el Parlamento está manejando otros asuntos que podrían estar sujetos a veto. Dos de estos temas incluyen la regulación de vuelos de bajo costo hacia América Central y otros aspectos relacionados con las normativas vigentes. Estos elementos se suman a una serie de pendientes que la Asamblea Legislativa tiene en sus manos, la cual podría abordarlas durante el actual período de sesiones extraordinarias. No obstante, para que esto se materialice, es imperativo que el ejecutivo realice el anuncio correspondiente de los archivos, el cual es un paso clave que establece el programa de discusión.
El jueves pasado, el Secretario de la asamblea convocó un debate sobre el tema de los vuelos de bajo costo, pero dejó este aspecto como un asunto a debatir en el programa legislativo. La situación, sin embargo, cambió de manera inesperada debido a la escasez de tiempo en el campo legislativo el miércoles, lo que llevó a Pilar Cisneros a prever un desacuerdo inmediato sobre el asunto. Los otros dos archivos pendientes no pueden ser discutidos en conjunto, lo que limita aún más la capacidad del Parlamento para continuar su trabajo.
El veto del presidente ha sido motivo de controversia, y empezó a tener repercusiones el 18 de febrero de 2025, cuando se vetó la propuesta relacionada con el costo de viaje de $100 a América Central, así como la tarifa de $120 a República Dominicana. La justificación de este veto radica en la previsión de que el turismo se vería gravemente afectado, ya que el gobierno arguye que disminuiría la estancia de turistas en el país.
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Casi tres meses después …
El 18 de mayo se cumplirán tres meses desde que se emitió el veto sobre la propuesta de Eli Feinzaig, diseñada para promover medidas que beneficien a los liberales progresivos. Aunque se intentó discutir el asunto en tres ocasiones distintas, no se alcanzó un consenso. Inicialmente, se había programado para discutirse a finales de febrero, pero las diferencias surgidas dentro del Estado Partido ocasionaron que no se viera en ese tiempo. Luego, el 11 de marzo se estableció una nueva fecha, pero nuevamente se pospuso y llegó el 18 sin que se debatiera.
Desde entonces, el tema ha estado sin resolución, y no se ha fijado una nueva fecha, a pesar de las peticiones insistentes de Pilar Cisneros en este sentido. Se ha informado desde el sector del PLP que se tienen los votos necesarios para hacer frente al veto; sin embargo, están a la espera del momento oportuno para llevar a cabo dicha acción.
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El presidente Rodrigo Chaves tiene tres vetas en 2025. (Fotos Alonso Solano/)
Regulaciones y sanciones
En el mismo mes de febrero, poco tiempo después de ejecutar su veto sobre los vuelos de bajo costo, el presidente Chaves emprendería una acción similar respecto a la propuesta marcada con el número 23,192, conocida como «leyes para garantizar una regulación sobre la ley de la comisión». Esta decisión se fundamenta en razones de conveniencia, oportunidad y gobernanza en el manejo de la legislación.
La iniciativa, que incluye a la subdirectora general Daniela Rojas de Pusc, otorga al gobierno la posibilidad de controlar los proyectos de ley a lo largo del proceso legislativo. Si el texto no es aprobado en un periodo de seis meses, se determina su inacción. Asimismo, la propuesta impone sanciones a aquellas autoridades que infrinjan la ley, es decir, quienes no supervisen correctamente los marcos regulatorios correspondientes. Las consecuencias de tales violaciones conllevan penas de cárcel que oscilan entre 1 y 3 años para los funcionarios públicos involucrados.
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Los oficiales de OIJ quieren obtener una pensión avanzada.
Último
El pasado martes, la Asamblea Presidencial de CASA envió a la Asamblea Legislativa el veto enfocado en el proyecto que tiene como objetivo fortalecer la pensión de los agentes del OIJ una vez cumplan con 55 años de edad, tras haber laborado durante 30 años. Chaves había anticipado que este proyecto sería objeto de veto, y en este contexto los alternativos se encuentran en busca de los votos necesarios para revocar la decisión.
“Desafortunadamente, la postura del Secretario y el Presidente está justificada. Este proyecto de ley estaba respaldado por argumentos legales y numéricos que demostraron que cumplía con los criterios para su aprobación”, declaró Oscar Izquierdo, el líder de la bancada. Similarmente, Alejandra Larios, quien presentó el documento durante el periodo actual, enfatizó que desde su introducción en 2021 por Dragos Donolescu, ha habido un compromiso sólido con esta iniciativa.
“Sigo firme en la convicción de que esta es una tarea legal y justa, y por supuesto, vamos a buscar los votos necesarios para revertir el veto”, concluyó, expresando su confianza en que se alcanzarán los votos requeridos.
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