San José, 8 de mayo (Elmundo.cr) – El Ex director de la oficina legal de la Universidad de Costa Rica (UCR), David Fallas, ha presentado una queja penal ante el Fiscal -General de la República en contra del rector de la institución, Carlos Araya Leandro. Esta queja se centra en presuntas irregularidades vinculadas a la aprobación del régimen salarial académico (RSA), así como otras decisiones relacionadas con la problemática de salarios en la universidad.
El documento, que está dirigido al Fiscal General Carlo Díaz, contiene solicitudes de investigación contra Araya y varios miembros actuales y anteriores del Consejo Universitario (CU), quienes votaron a favor de la RSA. Fallas enfatiza que esta aprobación se llevó a cabo «sin estudios técnicos que prueben su sostenibilidad financiera», lo cual es un punto crítico en la argumentación de su queja, revelando serias dudas sobre la viabilidad de dicha normativa Universidad semanalmente.
Entre los involucrados mencionados se encuentran los miembros actuales del Consejo, como Cuuuardo Calderón, Jaime Caravaca y Patricia Fumero, quien también ocupa el cargo de directora del órgano. Además, se destacan los nombres de ex asesores como Germán Vidaurre, Carmela Velásquez, Natasha García y Valeria Bolaños. Este grupo de personas es señalado como responsables de decisiones que, según Fallas, podrían haber beneficiado a algunas de ellas directamente.
El ex director resalta que una investigación periodística publicada recientemente sugiere que la regulación en cuestión pudo haber sido aprobada como una estrategia para impulsar a Carlos Araya Leandro a la rectoría de la UCR, y que algunos de los que votaron a favor de dicha regulación lo hicieron con el fin de obtener beneficios personales. «Esto plantea una grave cuestión de ética y legalidad», subraya en su queja.
Asimismo, la denuncia también se enfoca en dos resoluciones promulgadas por el Rector Araya en el presente año: la R-13-2025 y la R-75-2025. Según el testimonio de Fallas, la primera resolución «abre la puerta» para permitir que personas sin cambios en su posición desde el 10 de marzo de 2023, tras la implementación de la Ley de Marco de Empleo Público, sean transferidas al RSA. Esta acción, a juicio del demandante, podría contradecir la legislación vigente, sugiriendo la posibilidad de la comisión de un delito de prevención.
En cuanto a la resolución R-75-2025, Fallas ha indicado que esta medida incluyó un incremento salarial para 22 puestos administrativos, designados directamente por el Rector, sin respaldo técnico alguno. Sin embargo, en respuesta a las presiones internas y la creciente inquietud pública, Araya se vio obligado a revocar esta decisión. Esta serie de acontecimientos añade un contexto crucial a las acusaciones formuladas por Fallas.
La conclusión de la queja se establece con claridad: «Esta solicitud es para investigar el procedimiento del rector […] y determinar si hubo algún delito en el anuncio de las regulaciones del régimen salarial académico, así como en las resoluciones R-13-2025 y R-75-2025», sentencia el documento presentado ante el ministerio público. Aquí se plantea una necesidad urgente de aclarar la transparencia y legalidad de las decisiones administrativas en la Universidad de Costa Rica, así como la responsabilidad de los involucrados.
