Los estudiantes han expresado su descontento y han presentado una denuncia formal ante el fiscal relacionado con la Federación de estudiantes de UCR (FAUCR), señalando una serie de problemas en la gestión de los fondos federales. Estas quejas han sido consideradas serias y se encuentran bajo la revisión de las autoridades competentes.
En San José, el 9 de mayo (Elmundo.cr), la estudiante de ciencias actuariales de la Universidad de Costa Rica, María Lucía Arias, ha lanzado una queja formal mediante el Abogado de estudiantes universitarios (PEU). Su denuncia destaca múltiples irregularidades relacionadas con la FAUCR, que incluyen la violación de funciones estipuladas, negligencia en la gestión financiera y problemas significativos en el uso adecuado de los fondos recaudados para la organización de la Semana Universitaria 2025. Esta queja no solo resalta la mala administración de recursos, sino que también representa un movimiento hacia la rendición de cuentas dentro de la organización estudiantil.
La queja de María Lucía Arias se fundamenta en el sistema legal interno de la Universidad de Costa Rica, específicamente en el Estatuto orgánico de la Federación Estudiantil de la Universidad de Costa Rica y en la Regulación general de los procedimientos disciplinarios. Estos documentos establecen claramente las bases para la correcta gestión de los recursos de la universidad, así como para el cumplimiento de las funciones que deben seguir todos los miembros de la Junta Directiva. La falta de adherencia a estas regulaciones por parte de la FAUCR ha llevado a la actual situación en la que se cuestiona la integridad de su gestión.
En consecuencia, se están procesando denuncias contra varios miembros clave de la administración estudiantil, incluyendo al ex presidente de la FACCR, Artemisa Victoria Villalta, el vicepresidente Joseph Rey Castro, y el tesorero Esteban Surs. Las acusaciones se han formulado sin titubeos, a raíz de la reciente cancelación de los conciertos semanales, lo que ha resultado en una pérdida de cerca de 43 millones de colones, provenientes tanto de fondos públicos como de las tarifas pagadas por los estudiantes. Esta situación es especialmente crítica porque se alega que la FAUCR no logró gestionar los permisos necesarios ante el Ministerio de Salud, lo que ha comprometido no solo la planificación de eventos, sino también la confianza de los estudiantes en su representación.
La situación ha generado un amplio debate dentro de la comunidad universitaria, generando cuestionamientos sobre la transparencia y la eficacia en la administración de los recursos. La denuncia y las acciones legales contra los involucrados son vistas como un primer paso importante hacia la rectificación de problemas de larga data en la gestión estudiantil. Los estudiantes de la Universidad de Costa Rica esperan que las autoridades tomen en serio estas denuncias y que se implementen cambios significativos que favorezcan una mejor administración de los fondos en el futuro, asegurando así que se cumplan las funciones que la FAUCR debe representar.
Yamileth Angulo
El mundo CR