La Agencia de Investigación Judicial (OIJ) ha iniciado un operativo que consiste en 21 incautaciones simultáneas, con la finalidad de arrestar al ex ministro Mauricio Batalla y al presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencia (CNE), Alejandro Picado. Esta acción se enmarca en el proceso de recuperación de la pista del Aeropuerto de Liberia, un asunto que ha captado la atención pública y que involucra a varias autoridades importantes del país.
En este contexto, también se prevé la detención de otros funcionarios clave, incluyendo al Director de Aviación Civil, Marcos Castillo, y al Jefe de la Unidad de Control de Obras de la CNE, Henry Villalobos. Estas medidas han sido tomadas tras una serie de investigaciones que sugieren irregularidades en la gestión de fondos y decisiones relacionadas con la emergencia que afecta a la infraestructura aeroportuaria.
Las redadas han sido realizadas en diversas localidades del país, tales como Curridabat, Pavas, Oreamuno en Cartago y Santa Bárbara de Heredia. Las autoridades tienen la esperanza de recuperar evidencia crucial para la investigación, que podría esclarecer la magnitud de la situación y facilitar la justicia.
El OIJ se encuentra actualmente en colaboración con la Fiscalía, asegurando que todas las acciones se realicen dentro del marco legal establecido. Las personas implicadas están bajo investigación debido a la controversia en torno a la decisión de declarar una emergencia para la recuperación de la pista de Liberia en el año 2023, así como la adjudicación de un contrato millonario a una empresa constructora que probablemente generó beneficios indebidos para algunos de los involucrados.
Investigación
Las indagaciones actuales están relacionadas con una serie de presuntas irregularidades en la declaración de emergencia destinada a rehabilitar el área de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber en Liberia. Estos hechos son objeto de análisis en el expediente 24-000454-1218-PE.
Según el cuerpo acusatorio, la declaración de estado de emergencia fue justificada de manera falsificada, argumentando que el deterioro de la pista era consecuencia de una tormenta tropical y otras ondas tropicales que ocurrieron en el año 2022. Sin embargo, se argumenta que los daños reportados fueron producidos por condiciones que no son consideradas fenómenos naturales, lo que pone en entredicho la validez de la emergencia declarada.
La declaración de emergencia permitió modificar una decisión ejecutiva que incluyó a Liberia como parte de una emergencia general en el país. Esta inclusión facilitó la aceptación de un contrato de $39.9 millones, cuya legitimidad está ahora bajo cuestionamiento debido a los procedimientos que se llevaron a cabo para su adjudicación.
En el contexto de una emergencia, los procedimientos para la realización de las obras se simplifican significativamente, permitiendo que se ejecuten en el menor tiempo posible y con la disponibilidad inmediata de recursos. Además, estas obras no requieren la aprobación previa del contralor general de la República (CGR), lo que ha generado alertas sobre la posibilidad de mala gestión en el uso de los fondos públicos.
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