El Director de la Agencia de Investigaciones Judiciales, Randall Zúñiga, ha proporcionado detalles sobre una amplia operación que incluyó 23 redadas, cuyo objetivo principal fue mantener viva una disputa prolongada entre Mauricio, un ex ministro, y el presidente del CNE, Alejandro Picado, relacionada con el controvertido caso del acuerdo vinculado a la órbita del aeropuerto de Liberia. Esta situación ha generado un considerable interés a nivel nacional, dado que involucra a figuras políticas prominentes y la gestión de recursos públicos en un contexto delicado.
El OIJ ha concretado el arresto de varios individuos clave en el caso, incluyendo:
- Mauricio Batalla, quien se desempeñó como ministro de MOPT.
- Alejandro Picado, actual presidente del CNE.
- Un hombre identificado como Castillo.
- Un hombre conocido como Villalobos.
Esta serie de arrestos se llevó a cabo en Curridabat, en la residencia de uno de los implicados, y ha generado un gran revuelo no solo en el ámbito judicial, sino también en la opinión pública, que observa de cerca el desenlace de estos eventos.
Investigación
Las investigaciones que están en curso están profundamente relacionadas con una serie de presuntas irregularidades en la declaración de emergencia utilizada para rehabilitar el piso de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber en Liberia. La documentación y las pruebas están siendo minuciosamente examinadas bajo el archivo número 24-000454-1218-PE, lo que denota la seriedad del caso y la atención prestada por las autoridades.
El cuerpo acusatorio ha indicado que la justificación del estado de emergencia estaba falsamente fundamentada. Se ha alegado que los daños resultantes en la pista se dictaron como consecuencia de un capó de tormenta tropical y diversos fenómenos climatológicos que ocurrieron a lo largo de 2022. Sin embargo, se argumenta que dichos daños no son atribuibles a los fenómenos naturales mencionados, lo que plantearía serias implicaciones legales.
Esta situación dio pie a un cambio significativo en una decisión ejecutiva, permitiendo que Liberia fuese incluida en la emergencia que afectó al país, lo que a su vez facilitó la firma de un lucrativo contrato por un total de $39.9 millones. Tal cantidad de dinero y el manejo de estos contratos de emergencia han hecho que la situación sea aún más crítica en términos de supervisión y regulación por parte de las autoridades correspondientes.
Cuando se activa una liberación de emergencia, los procedimientos necesarios para proceder con las obras se simplifican considerablemente. Esto implica que las obras se realicen en el menor tiempo posible, con la inmediata disponibilidad de los recursos necesarios y sin la obligación de requerir la aprobación previa del controlador general de la República (CGR), lo que puede dar lugar a potenciales irregularidades en la administración de fondos públicos.
