
Recientemente, la Agencia de Investigación Judicial (OIJ) llevó a cabo una diligencia en la residencia del Presidente de la Comisión Nacional de Emergencia (CNE), Alejandro Picado, en un movimiento que ha captado la atención del público debido a su conexión con el caso del acuerdo referente a la pista del aeropuerto de Liberia.
Los agentes de la OIJ se presentaron en su domicilio en Birrí de Heredia, como parte de una serie de procedimientos necesarios para la recolección de evidencia y la investigación en curso relacionada con el caso. Su actuación en la residencia de Picado se enmarca dentro de un contexto más amplio que busca esclarecer posibles irregularidades en la gestión de la emergencia que afectó la infraestructura del aeropuerto.
Durante la operación, otro funcionario involucrado en la controversia, el exministro de Obras Públicas y Transporte (MOPT), Mauricio Batalla, también fue detenido en su domicilio en Curridabat. Esta serie de arrestos forma parte de un esfuerzo por abordar las denuncias que han surgido respecto a la administración y justificación de los recursos públicos en situaciones de emergencia.
Investigación
Las investigaciones que están en curso se centran en varias presuntas irregularidades relacionadas con la declaración de emergencia emitida para realizar la rehabilitación de la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber en Liberia. Este tema ha suscitado un gran interés tanto político como mediático, dado el potencial impacto en la infraestructura del país.
Todos los hechos relacionados con esta investigación se están considerando bajo el archivo 24-000454-1218-PE. En este sentido, el cuerpo acusatorio ha señalado que la declaración del estado de emergencia fue supuestamente justificada de manera engañosa. Según los informes, los daños a la pista de aterrizaje se atribuyeron a eventos naturales, específicamente a un fuerte temporal y a otras ondas tropicales que ocurrieron en 2022, sin embargo, se cuestiona si tales daños realmente fueron consecuencia de fenómenos naturales.
Esta manipulación de la información permitió adaptar una decisión ejecutiva para incluir a Liberia en la declaración de emergencia, lo que a su vez facilitó la firma de un contrato de $39.9 millones. La concesión de emergencia es significativa porque permite simplificar los procesos necesarios para ejecutar los trabajos, lo que significa que estos pueden realizarse rápidamente y sin la exigencia de una aprobación previa por parte del controlador general de la República (CGR).