San José, 14 de mayo (Elmundo.cr) – La Fiscal -General de la República ha presentado una solicitud al Tribunal Supremo de Justicia, lo que ha llevado a la necesidad de que se lleve a cabo una Reunión legislativa para discutir una acusación contra el diputado Alexander Barrantes Chacón. Este desarrollo es significativo, ya que plantea graves implicaciones para la integridad de los procesos legislativos en el país.

A raíz de esta situación, el Congreso debe iniciar el proceso de deliberación para considerar la elevación de la inmunidad del legislador, particularmente por el delito de soborno inadecuado en la modalidad criminal corrupta. Este tipo de acusaciones son muy serias y pueden tener efectos perjudiciales tanto en la reputación del individuo implicado como en la relación entre los diferentes poderes del Estado.

El Fiscal General, Carlo Díaz, formuló la acusación en contra de Barrantes en enero de 2025, citando eventos que tuvieron lugar el 9 de noviembre de 2022. En ese momento, el diputado formaba parte del Frente ancho, Sofía Guillén, participando en un espacio de discusión sobre un proyecto controversial conocido como «Eurobones». Esta acusación ha generado un considerable debate en la opinión pública, así como en los círculos políticos del país.

De acuerdo con la evidencia recopilada, el acusado habría manifestado un interés explícito en asegurar el apoyo del partido a favor del proyecto, y adicionalmente ofreció ciertos puestos en el gobierno o en las embajadas a cambio de los votos. Este intercambio, de ser cierto, representa una violación grave a los principios de ética y transparencia que deberían regir las acciones de un legislador. Barrantes, en respuesta a la situación, hizo declaraciones públicas sobre los hechos el mismo día en que se produjeron las acusaciones.

Según el procedimiento especial que guía el trámite de asuntos que involucran a los poderes más altos del país, en cuanto el Fiscal General eleva una acusación contra una persona que posee inmunidad, debe remitir el caso a la Corte Suprema de Justicia. Este ente tiene la responsabilidad de estudiar y analizar el contenido de la acusación para determinar si la Asamblea Legislativa debe ser convocada para iniciar el proceso de levantamiento de la Jurisdicción Especial.

Después de un examen minucioso, los magistrados de la Corte Suprema han informado a la oficina del Fiscal General sobre sus hallazgos. La decisión de proceder con el caso dependerá de la interpretación que los jueces hagan de la evidencia presentada así como del cumplimiento de los procedimientos legales establecidos.

En esta ocasión, la oficina del Fiscal General ha actuado como demandante y actor civil, lo que refuerza la seriedad con la que se está tratando este asunto. Este caso no solo representa un desafío para el diputado Barrantes, sino que también plantea preguntas sobre la eficacia de los mecanismos de supervisión en el ámbito político del país.