Empresa de transporte denuncia penalmente a Douglas Caamaño por difundir información falsa
San José, 28 jul (elmundo.cr) – La Unidad Especializada contra el Cibercrimen del Ministerio Público abrió una causa penal contra el bloguero y aspirante a diputado, Douglas Caamaño Quirós, por la presunta difusión de información falsa en medios digitales.
La denuncia fue presentada el pasado 24 de julio por el abogado Sergio Castillo, en representación de la empresa Transporte Inteligente de Guanacaste S.A. (TIG), la cual alega haber sido objeto de una campaña difamatoria en redes sociales.
Según el jurista, los hechos denunciados se enmarcan en el artículo 236 del Código Penal, que castiga con hasta seis años de prisión “la propagación de hechos falsos por medios digitales que tengan capacidad de dañar el sistema financiero o la confianza de sus usuarios”.
Las publicaciones cuestionadas habrían sido divulgadas entre el 12 y el 27 de junio en el perfil personal de Caamaño en Facebook, así como en páginas como 24/7 CrNoticias, Noticias Trivisión y Todo en Nicoya. De acuerdo con Castillo, en dichos espacios se difundieron múltiples mensajes “falsos, sin sustento alguno y con el único propósito de lesionar la reputación del empresario Óscar Alfaro Zamora y de la empresa TIG”.
“Esta denuncia busca sentar un precedente claro. La libertad de expresión no puede amparar la difusión deliberada de noticias falsas con capacidad de dañar a personas, empresas e incluso al sistema financiero del país y la prestación de un servicio público”, afirmó el abogado.
La denuncia detalla que Caamaño “utilizó un perfil de Facebook registrado con su nombre que administra la cuenta desde la cual se difundieron varios de los mensajes con la información falsa”. Además, se indica que la viralización de los contenidos también se dio a través de páginas administradas o vinculadas al denunciado.
Castillo subrayó que TIG “ha realizado cuantiosas inversiones en el transporte público nacional y cumple un rol estratégico para las comunidades que conecta”, por lo que “afectarla con falsedades evidentemente pone en riesgo la confianza del sistema que la respalda”.
Para el abogado, los mensajes difundidos constituyen un delito de acción pública, ya que representan una violación al artículo 236 del Código Penal y “configuran uno de los tipos penales incorporados en las últimas reformas destinadas a luchar contra el abuso en la utilización indiscriminada de los medios digitales y redes sociales en Costa Rica”.
Xavier Condega
