La bancada del oficialismo, encabezada por Pilar Cisneros, presentó este lunes una denuncia contra Gustavo Román, portavoz del Tribunal Supremo Electoral (TSE), por presunta guerra política.
Así lo anunció en conferencia de prensa en la Asamblea Legislativa antes del mediodía. Luego acudieron a las oficinas del TSE a presentar la denuncia, trayendo un resumen de lo que Román ha dicho en conferencias, entrevistas y artículos de opinión contra el presidente Rodrigo Chaves.
Según Cisneros, se trata de un sesgo político por parte del funcionario, dado que utilizó su cargo para enemistarse con el presidente y “reducir el apoyo a quienes buscamos la continuidad”.
“El descarado dice que la democracia no permite tiranos, obviamente refiriéndose al presidente Rodrigo Chaves; un tirano, un matón…”, dijo la diputada oficialista, quien estuvo acompañada de varios de sus colegas.
“¿Esto es aceptable, permisible o tolerable por parte del vocero del TSE? Nos parece inaceptable”, agregó el legislador, quien forma parte de la campaña de la candidata chavista Laura Fernández. Busca transmitir que el funcionario deja fuera de sus parámetros lo que dice la ley en la constitución política.
Según Cisneros, tienen las pruebas para solicitar al TSE que abra una investigación, razone la misma y exponga a Román a la pena correspondiente, que es la destitución o inhabilitación para ejercer cargos públicos por al menos dos años.
“Si el TSE es el juez de la elección, la gente que trabaja en el TSE no puede entrar a la arena y eso es lo que están haciendo”, dijo el diputado sobre el vocero.
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¿Revancha?
Según el presidente del partido gobernante, las declaraciones de Román comenzaron a recopilarse después de que el tribunal presentó una solicitud para levantar la inmunidad del presidente Chaves debido a 15 denuncias de crímenes políticos de guerra.
Se puede decir que las acciones del Gabinete son una venganza por este caso; Sin embargo, Cisneros negó que ese fuera el caso.
“No espero venganza de ningún tipo, aquí está la evidencia y él debe saber hasta qué punto puede o no hacer”, respondió el legislador, quien reiteró que un funcionario no puede utilizar adjetivos para descalificar la gestión del presidente o del gobierno.
“Cuando un funcionario judicial aquí te puede decir que es un matón, ¿qué quiere? Reducir el apoyo de la gente”, concluyó.
Hasta esta información, el tribunal no se había pronunciado al respecto.


			
			
			
			
                        
                            
