La reciente sesión legislativa ha culminado el mes de marzo, marcando otro período de reuniones ordinarias que es crucial para el desarrollo de políticas públicas en nuestra nación. Este cierre se ha llevado a cabo con la aprobación de un miembro del Parlamento que presentó un total de 28 registros, aunque es importante señalar que la mayoría de estas propuestas fueron objeto de discusiones preliminares. Esto implica que aún queda un paso adicional que estas iniciativas deben superar antes de poder convertirse en leyes efectivas de la República.
De los proyectos generales que se debatieron, nueve fueron seleccionados para un debate adicional y tres más obtuvieron un voto favorable, destacándose el caso de la Declaración de Benemets en la nación, que ha generado un interés significativo. Cabe destacar que los 15 proyectos que fueron sometidos a votación durante la primera discusión tuvieron lugar en las reuniones celebradas en los últimos días de este mes; específicamente, el jueves 27 de marzo, en una inesperada sesión que se realizó el viernes 28, y finalmente el lunes 31.
Durante estas sesiones, los diputados impulsaron con determinación el debate sobre estos proyectos, conscientes de que se avecina una pausa significativa debido a la Semana Santa, que les hará perder una semana completa. Están programados para tomar un receso que va del 14 de abril al 18 de abril, regresando a sus actividades parlamentarias el 21 del mismo mes. En abril, es común que la autoridad ejecutiva tome el control de la agenda del Parlamento durante los próximos tres meses, lo que demanda que los legisladores actúen rápidamente.
Uno de los temas más destacados que se han discutido y que se espera que avanzará en la agenda legislativa es el aumento de las sanciones por amenazas dirigidas a funcionarios públicos. Esta iniciativa busca mejorar tres artículos relevantes del Código Penal, con la intención de aplicar sanciones que sean proporcionales a la gravedad de las agresiones perpetradas con armas, incluyendo las amenazas realizadas con armas de fuego, tanto a ciudadanos como a funcionarios que se encuentran cumpliendo con sus funciones.
En relación con las amenazas contra un funcionario público, la propuesta incluye una enmienda al artículo 316, donde se plantea imponer penas que oscilarían entre un mes y dos años de prisión. Se han aprobado diferentes tareas en este ámbito:
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Confianza y más
Entre las iniciativas que fueron adoptadas durante el primer debate y que están esperando su definición en abril, se encuentra una propuesta significativa que busca imponer penas de hasta ocho años de prisión a aquellos que contraten a menores de edad para la comisión de delitos. Este enfoque refleja un compromiso por parte del legislador en la protección de la infancia y el aumento de las sanciones para quienes la explotan.
Asimismo, en la última jornada se aprobó el controvertido proyecto conocido como “nuevas capitales”, que permite la confiscación de activos de personas bajo sospecha, incluso sin que exista una denuncia formal en su contra. Esta medida ha suscitado un gran debate y división dentro del Parlamento, ya que un número considerable de legisladores ha expresado su preocupación, argumentando que la redacción del proyecto genera incertidumbre y puede afectar el legado de quienes han trabajado honestamente.
El mes de marzo también fue significativo por la integración del Ministro de Relaciones Exteriores, Arnoldo André Tinoco, quien participó en la votación relacionada con una propuesta de condena por la invasión de Ucrania por parte de Rusia, así como por la situación que involucra a Estados Unidos. En la misma línea, el Ministro de Finanzas, Nogui Acosta, y el Presidente del Banco Central, Roger Madrigal, estuvieron presentes en el Parlamento, manifestando la necesidad de avanzar en la aprobación de leyes en este mes crucial.
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