Durante el mes de abril, la energía pública llevó a cabo una operación significativa en el sector de Crucitas de Cotris, en San Carlos, donde arrestó a un total de 50 mineros y desmanteló 10 centros de procesamiento de materiales mineros. Esta acción refleja un esfuerzo renovado para regular las actividades mineras ilegales en la región.
Según la información proporcionada por el Ministerio de Seguridad Pública (MSP), entre los centros de procesamiento demolidos, cuatro fueron intervenidos en la semana más crítica de este operativo. Esto demuestra la intensidad de las acciones emprendidas por las autoridades y su determinación para reducir el impacto negativo de la minería ilegal en el medio ambiente y la economía local.
- Los diez centros de procesamiento desmantelados representan una pérdida considerable, ya que se estima que cada uno de estos equipos tiene un valor que supera los ₡3 millones, lo que significa un fuerte golpe económico para las organizaciones involucradas en dichas actividades.
- Además, la intervención resultó en la incautación de otros materiales valiosos, incluyendo una bomba de stock de agua, ocho motores y una planta eléctrica, lo que amplifica aún más el impacto económico en el sector minero ilegal.
Además de las detenciones y la demolición de los centros, el operativo reveló otros resultados importantes. De las 50 personas detenidas, diez fueron arrestadas específicamente por minería ilegal y han sido remitidas a la oficina del fiscal de San Carlos. Los otros 40 mineros fueron detenidos debido a su condición migratoria irregular, originando su repatriación a Nicaragua.
En términos de preservación ambiental, esta operación contribuyó a prevenir la contaminación que podría haber derivado de la extracción minera. Se intervinieron varios materiales altamente tóxicos que podrían haber comprometido la calidad del agua y el suelo, tales como diez paquetes de cianuro, seis Pichingas con ácido muriático y 500 gramos de mercurio.
Asimismo, se confiscó una significativa cantidad de otros materiales que se suponía estaban relacionados con actividades mineras ilegales. Esto incluyó 197 paquetes de cal, cuatro Pishingas de gasolina, 611 paquetes de cigarrillos y diez bolsas que contenían oro, sustraído de su proceso natural de extracción.
El director del poder público, Freddy Guillén, comentó que estas cifras «una vez más muestran el compromiso de las autoridades del Ministerio de Seguridad en la protección del medio ambiente y la lucha contra el crimen organizado que opera en Crucitas». Este tipo de acciones refuerza la importancia de un estado de derecho robusto y la regulación adecuada de las actividades que pueden afectar negativamente al entorno y a la comunidad local.
