El Ministerio de Justicia y Paz ha implementado nuevas restricciones destinadas a limitar los privilegios de los reclusos de máxima seguridad, en un esfuerzo por combatir a los «proxenetas» que operan dentro de las prisiones. Estas medidas han sido diseñadas para fortalecer el control y la seguridad en los centros penitenciarios del país, garantizando así un entorno más seguro tanto para los internos como para el personal que trabaja en estas instituciones. Las nuevas normativas afectan directamente el acceso a las parcelas, el número de llamadas telefónicas permitidas, así como la frecuencia de visitas familiares y conyugales.
Según declaraciones del ministro Gerald Campos Valverde, se ha implementado un sistema de separación de los internos de acuerdo con criterios técnicos, criminológicos y de seguridad. Esto significa que aquellos que han sido clasificados dentro de ciertos perfiles tendrán restricciones más severas en comparación con otros internos. En particular, aquellos que ahora están privados de libertad verán limitadas sus posibilidades de recibir paquetes con artículos esenciales; a partir de ahora, solo podrán recibir estos paquetes una vez al mes, lo cual reduce considerablemente su acceso a bienes que podrían hacer su estancia más llevadera.
Además, las visitas familiares también han sido recortadas, permitiendo que estas se realicen una vez al mes, mientras que las visitas conyugales se restringen a una vez cada dos meses, y solo se permitirá la visita si existe un vínculo matrimonial comprobado. Esta medida es parte de un esfuerzo mayor para controlar el ambiente carcelario y mitigar las actividades ilícitas que pueden ocurrir durante estas interacciones.
La duración de las llamadas telefónicas también ha sido objeto de cambios importantes; los internos ahora solo podrán realizar llamadas de hasta 10 minutos por semana. Este cambio representa una disminución drástica en el acceso previo que tenían a los teléfonos públicos, lo que antes les permitía comunicarse de manera más frecuente y prolongada. El ministro Campos ha defendido estas medidas como necesarias para asegurar una «administración correcta de las cárceles» y exigió que era un proceso que debería haberse ejecutado hace años, para mejorar la seguridad interna y el manejo de los internos.
Con esta reorganización, se está ampliando el espacio destinado a los internos de alta seguridad en 1,000, lo que se ha descrito como un «círculo de alta inclusión». De acuerdo con el Ministerio, esto permitirá que la policía penitenciaria se enfoque más en la supervisión de los prisioneros de alto riesgo, a diferencia de la preocupación por los «proxenetas», cuya gestión en las cárceles ha sido un problema persistente. Además, el gobierno busca facilitar que aquellos internos con potencial de rehabilitación adquieran las habilidades necesarias para su reintegración en la sociedad.
Simultáneamente, se están realizando planes para la construcción de una nueva prisión que albergará este circuito de alta inclusión, lo que se espera que contribuya a reducir la sobrepoblación en las cárceles y mejore la infraestructura de los módulos existentes. Estas acciones representan un paso decidido hacia un sistema penitenciario más seguro y eficiente.
Edmundo
El mundo CR
