San José, abril (Elmundo.cr) – La diputada del Frente amplio, Priscilla Findas, ha expresado sus preocupaciones respecto a las recientes medidas que el gobierno ha implementado para la creación de ‘espacios de alta inclusión’ en el Sistema penitenciario. Su postura en este tema revela una crítica profunda sobre la efectividad y la verdadera intención detrás de estas acciones gubernamentales.

Findas comentó que «el ejecutivo, de una manera muy coherente, desde una clara ignorancia, en situaciones críticas como recortes en educación, salud, seguridad e incluso en los últimos días respondió Una recarga de la condición humana de los grupos de población vulnerables y en este caso me refiero a la población privada.‘ Esta es una afirmación contundente que sugiere que el gobierno no está abordando adecuadamente las necesidades de aquellos que ya están en situaciones delicadas.

La diputada subrayó que «en detrimento de esta población, se seleccionaron medidas, incluida la restricción en la visita general de las parcelas, incluidas las reubicaciones sin ningún soporte técnico que lo justifique.» Esto implica que las decisiones tomadas carecen de la investigación y el razonamiento que son necesarios para abordar tales medidas tan delicadas.

El comentario de la diputada es claro: «las medidas de Antojadizas que no solo afectan a la población de la población no son la población que está privada de libertad. Afectan a sus familias que ya están menores, madres, adultos mayores que tienen derecho a generar y establecer lazos afectivos con personas privadas de libertad que cumplen la sanción penal por los hechos cometidos.» Aquí se apunta a cómo las decisiones gubernamentales reverberan más allá de las fronteras de las prisiones, afectando a los seres queridos de los encarcelados.

‘Aquí no pedimos proxenetas, compañeros y compañeros de Costa Rica, estas personas están en los centros de la prisión que cumplen su sentencia, su sanción, pero Afectan indirectamente a personas inocentes que visitarán a sus familiares. Los padres, las madres, los hermanos que visitan a sus hijos se ven impactados, lo que influye negativamente en sus derechos», explicó.

Findas también señaló que “Sin embargo, creo firmemente que cualquier persona que comete un delito debe pagar una sanción de acuerdo con la gravedad del daño causado por la víctima y la sociedad. No obstante, No podemos fingir estar envolviendo, ejerciendo mucha menos violencia del mismo estado ofensivo.” Esta afirmación resalta la necesidad de justicia, pero también la necesidad de enfoques más humanos y equitativos en el tratamiento de los delincuentes.

Es crucial encontrar mecanismos que permitan a estas personas comprender las consecuencias de sus acciones y, al mismo tiempo, Proporcionar opciones para que estas personas no se vayan y vuelvan a caer en la comisión de actos penales. La esperanza es que aquellas personas que cumplen su tiempo en prisión puedan reintegrarse a la sociedad sin reincidir en el delito; en este sentido, Findas enfatiza que todos los miembros de la sociedad deben buscar la rehabilitación y reintegración de los infractores.

La diputada también destacó que la Facultad de Trabajadores Sociales considera que estas medidas son una disminución de los derechos humanos, afirmando que «ni siquiera resuelven la seguridad ciudadana o la prevención del delito.» Esto indica una preocupación por el equilibrio entre la seguridad pública y la protección de los derechos individuales.

‘Es importante proteger el estado social democrático de derecho y no caer en un populismo criollo.’ Findas concluyó que “la protección real de la seguridad es garantizar que los delitos se comprometan y que esté en su corte, señor presidente. Invierta nuevamente en prevención, invierta en la policía, dé condiciones decentes, pero no viole los derechos humanos más básicos.” Este cierre reafirma la importancia de priorizar los derechos humanos en la gestión de políticas públicas.