San José, 06 de mayo (Elmundo.cr) – El Defensor del Pueblo ha solicitado formalmente al Ministerio de Educación Pública (MEP) que reconsidere su decisión de eliminar el Programa de Afectividad Integral y Sexualidad, calificando esta decisión como “un revés en la garantía de los derechos de la infancia y la adolescencia”. La eliminación de este programa, que ha sido fundamental desde su implementación en 2013, ha suscitado preocupaciones significativas acerca de la educación integral en estas áreas críticas.
La decisión de suprimir el programa fue tomada por el Consejo para la Educación Superior (CSE) el 16 de enero de 2025. Esta medida ha generado un intenso debate entre educadores, padres y defensores de derechos humanos, quienes apuntan que la nueva iniciativa educativa enfocada en la paz y la coexistencia no aborda de manera adecuada los objetivos que el programa anterior sí cubría. Elementos cruciales como la salud sexual, la diversidad, la identidad de género y los derechos sexuales y reproductivos han quedado excluidos.
En su informe, el defensor del pueblo subraya la importancia de la educación integral en sexualidad como un derecho humano básico, respaldado por diversas organizaciones internacionales, incluidas las que se ocupan de la infancia y la no discriminación de género, como el Comité de Derechos de los Niños y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres (CEDAW). La eliminación del programa es vista como una violación directa de los compromisos internacionales que Costa Rica ha asumido, lo cual coloca al país en una situación delicada ante la comunidad global.
Las recomendaciones del defensor incluyen la reactivación del mencionado programa, así como una revisión y evaluación periódica con el respaldo técnico adecuado. Es esencial que tanto estudiantes como personal docente participen activamente en la revisión y actualización del currículo para asegurar que se adapte a las necesidades de la población estudiantil actual. La colaboración y el consenso en la creación de un programa inclusivo son vitales.
Como señaló Angie Cruickshank Lambert, una residente activista, “cualquier cambio en los programas educativos debe estar respaldado por estudios técnicos que evalúen sus posibles efectos sobre la salud, los derechos humanos y los adolescentes”. Su declaración resalta la necesidad de involucrar a expertos y organizaciones de derechos humanos en el proceso de toma de decisiones, asegurando de esta manera que se respeten los derechos de los menores conforme a los estándares internacionales y las mejores prácticas reconocidas a nivel mundial.
Además, el defensor del pueblo aboga por la promoción de la participación activa de la comunidad estudiantil y la creación de espacios de diálogo que faciliten el entendimiento y la cooperación entre todas las partes interesadas. También es esencial la capacitación continua de los educadores para que puedan abordar este contenido de manera efectiva. Se insta al MEP a implementar un sistema de monitoreo y evaluación constante de los programas, respetando las recomendaciones de diversas organizaciones internacionales.
El Defensor del Pueblo sustenta sus sugerencias en el principio de progresividad y la no regresión de los derechos humanos. Advierte que la eliminación de este programa puede incrementar los riesgos de discriminación, exclusión y violencia, especialmente para los estudiantes que pertenecen a la comunidad LGBTIQ+, así como para aquellos provenientes de contextos vulnerables, como adolescentes con madres migrantes, población indígena y personas con discapacidades. Este vacío en la educación no solo podría repercutir en un aumento de embarazos adolescentes, sino también en la propagación de enfermedades de transmisión sexual, una situación que exige atención urgente y acción efectiva.
