El presidente Rodrigo Chaves hizo un anuncio el miércoles que ha generado un gran revuelo en el ámbito político y social. Su decisión implica que ejercerá un veto sobre un proyecto de ley que otorga a la Agencia del Poder Judicial (OIJ) la posibilidad de que sus agentes se retiren a los 55 años de edad. Esta medida ha sido objeto de debate durante un tiempo considerable dado que se origina de la propuesta presentada en la temporada anterior por el legislador Dragos Donolescu, y ahora está siendo resurgida por la diputada Alejandra Larios del Partido Libertario.
No obstante, la situación se complica dado que el anuncio del presidente se produce en un momento crucial, ya que se acerca la votación en el segundo debate, programada para el 8 de abril. Larios ha expresado su descontento con la noticia, manifestando su preocupación por el impacto que tendrá en la seguridad del país. «Es lamentable, ya no es sorprendente, porque cuando se trata de temas cruciales para la seguridad y especialmente para el OIJ, siempre hay oposición», afirmó, dejando clara su postura ante la situación actual.
A pesar de que Larios y su equipo están esperando la respuesta de Chaves, no ocultan su escepticismo sobre la viabilidad del proyecto. “La decisión de Chaves tendrá sus consecuencias. Los alternativos tomarán una postura que se alinee con lo que él elija”, dijo Verdiblanca, enfatizando que la clave estará en la votación del segundo debate. “Vamos a ver si se atreve a negarlo, ya que en ocasiones anteriores ha mencionado que ejercerá veto contra ciertos proyectos y no lo ha hecho”, agregó.
En esta línea, Chaves ha argumentado que su veto está fundamentado en la defensa del quórum público y el impacto que la legislación podría tener en el sistema de pensiones, sugiriendo que no se puede permitir un esquema que, en su opinión, podría generar problemas financieros a largo plazo. “La policía judicial enfrenta situaciones peligrosas; necesitamos salvaguardar su bienestar y el del público”, dijo el presidente durante una conferencia de prensa. Resaltó casos de agentes que, lamentablemente, han perdido la vida en cumplimiento de su deber, como el caso del oficial Maynor Martínez, quien era un agente fronterizo y cuya pérdida evidencia la seriedad de las tareas que realizan.
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La iniciativa busca fortalecer la pensión de los agentes.
Desgraciado
Por otro lado, el diputado Larios ha lamentado que el presidente Chaves haya decidido poner este tema en el centro del debate político y ha subrayado que en ningún momento la fuerza pública debería ser vista como un obstáculo. “Apoyar un proyecto no significa que estemos en contra de las otras fuerzas de seguridad”, recalcó. Esta postura resalta la tensión existente entre las diferentes fuerzas políticas sobre la importancia de reforzar el bienestar de los cuerpos policiales mientras se buscan soluciones sostenibles para el país.
Finalmente, Nogui Acosta, Ministro de Finanzas, advirtió sobre los posibles riesgos financieros de este proyecto. Informó que el Comité de Pensiones Judiciales enfrenta un déficit considerable, con una falta de ¢ 804,000 millones necesitando atención urgente. “Decisiones como esta solo abren más el agujero financiero que enfrentamos todos, donde los ciudadanos de mayores recursos se ven obligados a承担ar la carga”, apuntó el Ministro en un claro señalamiento sobre la insostenibilidad de las nuevas propuestas legislativas.
El proyecto de ley contempla que los agentes de la OIJ puedan beneficiarse de pensiones que equivalgan al 82% del promedio de sus últimos 240 salarios mensuales. Este cálculo estaría sujeto al Índice de Precios al Consumidor (IPC), asegurando así que se contemple el costo de vida en la determinación de sus pensiones. Además, el proyecto incluye artículos específicos que detallan cómo se implementarán las jubilaciones anticipadas, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos.
El texto se expresa así:
«Si el retiro sucede cuando el servidor cumple con los requisitos de edad, pero antes de alcanzar los treinta años en funciones, la jubilación se calculará en proporción a los años trabajados, siempre que se haya cumplido con los años necesarios».
Esta disposición revela un esfuerzo por equilibrar los derechos de los trabajadores con la necesidad de salvaguardar la economía del país. A medida que avanzan los debates, la atención pública está centrada en lo que sucederá el 8 de abril.
