En un esfuerzo significativo por fortalecer la protección de las mujeres víctimas de violencia, el liderazgo de la unidad social cristiana (PUSC), representado por Maria Marta Carballo, ha presentado un innovador proyecto de ley. Esta propuesta legislativa tiene un enfoque claro y preciso: prevenir los femicidios y garantizar un entorno más seguro para las mujeres en nuestro país.

La iniciativa se enmarca dentro del Registro 24,901, con el objetivo de reforzar los cimientos legales que protegen a las mujeres y mejorar el monitoreo de los agresores, buscando anticipar y evitar los feminicidios. A través de esta propuesta, se pretende realizar reformas sustanciales a las leyes existentes sobre la sanción de la violencia contra las mujeres, así como las normativas dirigidas a combatir la violencia doméstica y el ámbito penal relacionado.

Denominada «Ley Katherine Garro», en honor a una joven madre que desafortunadamente perdió la vida a manos de su expareja, esta propuesta busca no solo concienciar sobre la gravísima problemática de la violencia de género, sino también establecer un enfoque preventivo que permita actuar antes que se produzcan tragedias irreversibles.

La propuesta legislativa incluye la implementación de programas obligatorios de educación continua y de psicoterapia para los agresores, así como un sistema de control electrónico de ubicación. Este último punto es crucial, ya que permitirá imponer restricciones efectivas a los atacantes y asegurará una protección más robusta para las víctimas, particularmente en aquellos casos donde las agresiones pueden volver a ocurrir tras el incumplimiento de las medidas de restricción. La prevención de la tragedia es, sin duda, el principal objetivo de este proyecto.

Según un comunicado emitido por el legislador, se han registrado datos preocupantes en cuanto a la violencia contra la mujer en el ámbito judicial. Hasta la fecha, se estima que en 2025 se habrán contabilizado 12 muertes de mujeres, mientras que en 2024 se presentaron numerosas muertes violentas, de las cuales solo 30 fueron clasificadas como feminicidios. Este panorama resalta la urgente necesidad de medidas efectivas y decisiones legislativas que contribuyan a frenar esta ola de violencia.

Para poner en perspectiva la magnitud de esta crisis, se han realizado un total de 323,442 solicitudes para medidas de protección en casos de violencia doméstica entre los años 2019 y 2025. Estos números reflejan la gran demanda y la necesidad de un marco legal que responda con eficacia y prontitud a las necesidades de las mujeres que sufren en silencio.

El proceso de tramitación del archivo ya ha comenzado en la autoridad legislativa, marcando un primer paso importante hacia la implementación de estas reformas necesarias.

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