En una decisiva jornada para la política brasileña, la Corte Suprema federal de Brasil tomó el martes 3 de marzo de 2025 la histórica decisión de abrir un proceso criminal contra el ex presidente Jair Bolsonaro, quien ocupó el cargo de 2019 a 2022. Esta decisión fue unánime y también incluye a otros siete coacusados, todos ellos involucrados en un supuesto plan destinado a incapacitar el sistema democrático del país mediante un golpe de estado.
Brasil: la Corte Suprema se prepara para juzgar a Jair Bolsonaro por un presunto golpe de estado
El proceso judicial se inicia en medio de acusaciones de que Bolsonaro, en su afán de anular la victoria electoral del actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, habría conspirado para justificar una intervención militar. Esta situación refleja un contexto político tenso, dado que el país aún arrastra las secuelas de su reciente pasado dictatorial, que se extendió entre 1964 y 1985. La figura de Bolsonaro, quien ha expresado abiertamente su admiración por esa época, eleva la presión sobre sus seguidores y su futuro político.
En una votación clave, los cinco jueces que integran la sala más alta del tribunal respaldaron la investigación tras escuchar las evidencias presentadas por la fiscalía y considerar los argumentos de defensa del ex mandatario. La reacción de Bolsonaro no se hizo esperar; se declaró inocente y víctima de una persecución política, afirmando que las acusaciones son infundadas y el resultado de una agenda personal en su contra. Durante una conferencia con los medios, rodeado de simpatizantes, incluido su hijo Flávio Bolsonaro, el ex presidente admitió haber discutido «hipótesis» con líderes militares sobre la posibilidad de declarar un estado de sitio y otros escenarios, aunque defendió que tales discusiones se alineaban con un marco constitucional.
«Indicaciones razonables»
El juez Alexandre de Moraes, quien actúa como instructor del caso, se posicionó a favor de la acusación, señalando que existen “indicaciones razonables” que apuntan a la culpabilidad de los acusados. Moraes destacó que los hechos han sido descritos con suficiente detalle, señalando que hubo un intento declarado de llevar a cabo un golpe violento en el que se abogaba por la intervención militar. Tomó como referencia la grave situación, indicando que “la organización criminal siguió cada paso necesario para derrocar al gobierno legítimamente elegido”, aunque sus intenciones no se concretaron por el resistente accionar de los líderes del ejército y la Fuerza Aérea.
En este proceso, además de Bolsonaro, el tribunal también investigará a siete de sus colaboradores más cercanos. Entre ellos figuran ex ministros de gran relevancia, como Walter Braga Netto (Defensa) y Anderson Torres (Justicia), así como otros altos funcionarios. A pesar de sus conflictos con la justicia y las complicaciones legales, Bolsonaro enfrenta la incertidumbre política que podría marginarlo hasta 2030, debido a su cuestionamiento sin pruebas sobre la validez de las encuestas electrónicas en Brasil. Sin embargo, espera revertir o al menos disminuir su situación legal adversa. Fuente: DW
