En Sacramento, California, se ha alzado una voz en contra de los recientes cambios en la Administración del Seguro Social (SSA). En un evento sucedido el 16 de abril, se revelaron preocupaciones significativas por parte de California y una coalición que incluye a 21 otros estados de EE. UU. Estos cambios propuestas por el gobierno federal podrían llevar a recortes en los beneficios de servicios esenciales, que son cruciales para muchas personas en el país.

El Fiscal General de California, Rob Bonta, ha tomado una postura activa al presentar una carta legal en la que se denuncia a la «Asociación Americana de Personas con Discapacidades contra Doubek”. En esta carta, Bonta expresa las preocupaciones sobre los cambios drásticos y las demoras que los beneficiarios enfrentan al intentar acceder a sus prestaciones. Los efectos inmediatos de estas modificaciones afectan especialmente a las personas mayores y a aquellos con discapacidades, quienes dependen en gran medida de los beneficios del Seguro Social para cubrir sus gastos básicos como el alquiler, la compra de alimentos y la obtención de medicamentos.

En el contexto de esta crisis, se señala que la administración anterior, la de Trump, había tomado la decisión de reducir el personal de la SSA, lo que resultó efectivamente en una reducción de aproximadamente 57,000 empleados en comparación con una cifra cercana a 50,000. Esta disminución de más del 12% en los recursos humanos de la administración ha llevado, según se espera, a que muchas de las reducciones se realicen a través de la jubilación anticipada y otros mecanismos similares.

Más aún, hay planes para cerrar seis de diez oficinas regionales y consolidar varias oficinas locales, lo que implica un cambio hacia la digitalización de servicios, como aplicaciones en línea y sistemas automatizados de atención telefónica. Los críticos de estas decisiones advierten que tales medidas solo complicarán la obtención de la asistencia necesaria para quienes dependen del Seguro Social.

El senador de California, Alex Padilla, enfatizó en una declaración que estas decisiones amenazan a aproximadamente 6,3 millones de californianos que se benefician del Seguro Social, cifra que supera a cualquier otro estado en el país. “El recorte de personal y el cierre de oficinas físicas ponen en riesgo a los estadounidenses que podrían ver peligrar esos beneficios tan necesarios en momentos de incertidumbre”, sostuvo Padilla.

Documentos internos de la SSA y reportes de sindicatos publicados en el New York Times indican que los cambios ya han comenzado a dar lugar a tiempos de espera más largos, saturación en las oficinas y confusión generalizada entre quienes buscan ayuda. Este clima de incertidumbre afecta a millones de personas en el país.

No se debe subestimar el rol del Seguro Social, que actúa como un pilar fundamental para más de 70 millones de estadounidenses. De estos, más de 16 millones son adultos mayores que, sin estos beneficios, caerían en condiciones de pobreza. En el estado de California, alrededor de 6.3 millones de personas dependen de estos beneficios cruciales, reafirmando su relevancia en la vida cotidiana de muchos ciudadanos y la necesidad urgente de abordar estos cambios propuestos.