Buenos Aires, 8 de abril (Sputnik) — La situación política en la capital argentina se ha intensificado considerablemente en los últimos días, especialmente en relación con las protestas que están realizando los jubilados en la ciudad de Buenos Aires. En un movimiento controvertido, el gobierno local ha decidido acudir a la Justicia para exigir que las fuerzas de seguridad federales se mantengan alejadas de las manifestaciones que se organizan en las cercanías del Congreso. Esta decisión busca limitar la intervención del gobierno federal en asuntos que afectan directamente a los derechos de los ciudadanos, especialmente en las marchas convocadas por los jubilados que se oponen a las recientes reformas fiscales que han impactado sus ingresos.

El abogado que representa al gobierno de la ciudad, en su presentación ante el tribunal, se refirió a un recurso de apelación relacionado con la resolución judicial número 521365/2025, afirmando la necesidad de actuar en defensa de la libertad de expresión y el derecho a la protesta. Según explicó el letrado, la petición tiene como objetivo salvaguardar los derechos administrativos, fiscales y de consumo en el contexto de la inminente marcha hacia el gobierno de Javier Milei.

El argumento del abogado sostiene que la normativa que rige las leyes administrativas de la ciudad no permite que se renuncie al uso de sus poderes de seguridad, refiriéndose también a la medida tomada por el juez Andrés Gallardo como insegura e irregular, fundamentada en su propio juicio personal. En el litigio, el gobierno de la ciudad argumenta que el juez no debe involucrarse en cómo se deben manejar las operaciones de seguridad durante las protestas que están siendo organizadas para manifestar el descontento por la pérdida del poder adquisitivo a causa de las decisiones fiscales del gobierno nacional.

El gobierno encabezado por Jorge Macri ha manifestado su desacuerdo con la intervención del juez, destacando la falta de fundamentos sólidos en su resolución, apuntando que se ha desviado del proceso legal y que ha afectado la división de poderes en el país. Este conflicto ha escalado ya que se ha visto involucrida la Confederación General del Trabajo (CGT) y otros sindicatos que han salido a las calles para expresar su descontento por la situación económica actual.

El juez Gallardo, de hecho, ha apoyado una medida de amparo a favor de los trabajadores, haciendo eco de la creciente inquietud social durante estas manifestaciones. Las movilizaciones han estado acompañadas por enfrentamientos y varios arrestos, incluido el de un fotógrafo que fue víctima de una agresión. En su resolución, el juez resaltó que el protocolo de intervención policial debe ser cuidadosamente evaluado para no contradecir el derecho a la libre protesta y a la seguridad pública.

Se espera que la próxima marcha de los jubilados, que está programada para este miércoles, cuente con el respaldo de la CGT y otros grupos sindicales, dado que esta movilización es percibida como un importante acto de resistencia contra la administración de Milei y sus políticas. Este último episodio es solo una más en la larga historia de tensiones entre el gobierno local y el federal, así como un indicativo de la compleja realidad social y política que atraviesa Argentina en estos momentos (Sputnik).