En una serie de operaciones coordinadas, la Agencia de Investigación Judicial (OIJ) llevó a cabo cuatro incursiones que resultaron en la detención de un funcionario del Instituto de Desarrollo Rural (Interior) y un posible prestamista que se encontraban involucrados en un caso de presunta corrupción y abuso de poder en el ámbito financiero. Estas acciones fueron confirmadas por la institución en la mañana del miércoles 23 de abril, destacando la seriedad de las acusaciones que rodean a los implicados.
Durante la movilización policial, se logró la aprehensión de dos individuos particulares:
- Un hombre apellidado Romero, de 34 años, quien es reconocido como funcionario público.
- Otro detenido es un sujeto identificado como De Beita, de 38 años.
Las redadas se llevaron a cabo en varios lugares, incluidos dos domicilios particulares, un estacionamiento y la oficina de Romero, en un esfuerzo por reunir pruebas tangibles de las actividades delictivas. La OIJ, al realizar estas acciones, no solo buscaba detener a los sospechosos, sino también llevar a la luz elementos cruciales de la investigación que comenzó en septiembre del año anterior.
Como resultado de las intervenciones, las autoridades confiscaron una cantidad significativa de evidencia. Entre los objetos recuperados se encontró:
- Un total de cinco armas de fuego, incluidas un AR-15, otras armas y revólveres, lo que indica la posible intención de utilizar la fuerza para garantizar el pago de préstamos.
- Una suma considerable de 45 mil dólares en efectivo, lo que sugiere transacciones financieras ilícitas.
La pesquisa del OIJ reveló que la situación se complicó cuando una víctima, en apariencia, se vio atrapada en un acuerdo con el Instituto de Desarrollo Rural (Interior) por una propiedad. De acuerdo con los testimonios recabados, el agresor alegadamente había solicitado un préstamo informal. Sin embargo, se retrasó en uno de los pagos acordados, lo que llevó a la víctima a una posición vulnerable, forzándola a transferir la propiedad al prestamista que le había otorgado el crédito.
El funcionario arrestado, de acuerdo a las acusaciones, colaboró estrechamente con el prestamista para llevar a cabo esta transferencia de propiedad, un acto que trasgrede múltiples normas éticas y legales en el ejercicio del servicio público. Las redadas se desarrollaron principalmente en los sectores de Paso de Canoas y en el área conocida como la cuesta de Corredores.
Los individuos detenidos ahora están a disposición del ministerio público, que se encargará de determinar su estatus legal y las implicaciones de sus acciones, mientras que las investigaciones continúan para desentrañar la red de corrupción que parece haberse establecido.
