El gobierno de Costa Rica ha made oficial el anuncio relacionado con la construcción de una mega cárcel destinada a prisioneros de máxima seguridad. Este es un proyecto que ha generado una considerable expectativa en la sociedad y que busca abordar la problemática de la criminalidad en el país.
El ministro de Justicia y la Paz, Gerald Campos, ha compartido que, desde el momento en que se colocó el primer bloque, se ha establecido que tomará 195 días completar el proyecto. Este cronograma es fundamental para poder cumplir con las necesidades de seguridad que enfrenta el país, especialmente en lo que respecta a la rehabilitación y manejo de criminales de alta peligrosidad.
Este proyecto será realizado en colaboración con El Salvador, y se basará en el modelo del centro de detención conocido como CECOT, que ha sido implementado en ese país bajo la dirección del presidente Nayib Bukele. Este tipo de instalación busca no sólo albergar a los prisioneros, sino también ofrecer programas que faciliten su reintegración social en el futuro.
‘La próxima semana definiremos el financiamiento, ya hemos avanzado en el diseño y, como gobierno, estamos comprometidos a llevar a cabo la promesa de materializar la construcción de esta institución. Hay 195 días de construcción‘, expresó Campos durante una reciente conferencia de prensa.
Criterio del presidente
El presidente Rodrigo Chaves también ha expresado su opinión sobre el avance del proyecto. Durante una declaración, manifestó su esperanza de que la controladora General de la República, Marta Acosta, no interpusiera obstáculos al desarrollo de la obra.
«No me sorprendería que Marta Acosta encontrara 1001 ‘peros’. Espero que no porque estamos llevando a cabo el proyecto bajo el marco de la ley», afirmó el presidente en un tono de expectativa y confianza en el proceso legal que se está siguiendo.
Las autoridades gubernamentales informaron que pronto se formalizarán las fechas exactas y las medidas necesarias para llevar a cabo este ambicioso proyecto. Es una parte esencial de la estrategia del gobierno para abordar los desafíos en materia de seguridad y criminalidad que enfrenta Costa Rica, buscando mejorar las instituciones penales y garantizar un ambiente más seguro para todos los ciudadanos.
