Un grupo de mujeres, acompañado por miembros de la familia, se congregó a partir de las 06:00 para llevar a cabo una protesta en la prisión, con el objetivo de reformar las condiciones que han afectado a las personas privadas de libertad desde el pasado miércoles. La manifestación es un claro llamado a la atención sobre la situación que enfrentan los prisioneros, quienes, a pesar de estar encarcelados, todavía tienen derechos que deben ser respetados.

Con carteles, pancartas y banderas de Costa Rica en mano, los manifestantes mostraron su apoyo y solidaridad en el lugar, resaltando la importancia de reconocer que las personas en prisión no están despojadas de sus derechos humanos. Durante la actividad, se aseguraron de hacer eco de sus demandas, que incluyen la necesidad de visitas adecuadas y el acceso a comida suficiente, así como la crítica a que los menores no puedan ingresar al centro penitenciario para ver a sus padres, lo que añade una carga emocional considerable tanto para los prisioneros como para sus familias.

Una de las demandas más significativas planteadas durante la manifestación es en contra de las declaraciones del Ministro de Justicia, Gerald Campos, y las afirmaciones del presidente Rodrigo Chaves, quienes han estigmatizado a las mujeres que vienen a las visitas íntimas, calificándolas erróneamente como prostitutas. Estas declaraciones han generado una ola de indignación, ya que colocan a las mujeres que buscan apoyar a sus parejas en una situación de vulnerabilidad y deshonor.

Asimismo, decenas de organismos públicos, junto a la policía de tráfico y canales de migración, están realizando operativos para revisar a las personas que intentan acceder a la prisión. Estas acciones han incrementado la tensión y la incomodidad tanto para los que buscan visitar a sus seres queridos como para los mismos prisioneros, que están a la espera de ver a sus visitas.

Por otro lado, se ha señalado que aquel grupo de personas que han sido privadas de la libertad ha iniciado una huelga de hambre como un acto de protesta contra las rigurosas medidas tomadas por el Ministerio de Justicia y la Paz. Estas restricciones incluyen limitaciones en las visitas generales e íntimas, así como recortes en la cantidad de alimentos que pueden ingresar y en la frecuencia de llamadas permitidas desde los teléfonos públicos.