SAN JOSÉ, 16 de mayo (Elmundo.CR) – En el año 2025, Costa Rica ha implementado la nueva iniciativa denominada Costo Costa Rica, la cual se alinea con el lanzamiento de la tercera Índice de transparencia de infraestructura (ITI) en el país. Este instrumento se ha diseñado para evaluar cuatro componentes fundamentales que son esenciales para una gestión más transparente y eficiente en el área de infraestructura: primero, el entorno facilitador, que incluye el marco regulatorio y las plataformas digitales nacionales; segundo, las habilidades y procesos que promueven la transparencia en las instituciones encargadas de llevar a cabo proyectos de obras públicas; tercero, una participación ciudadana inclusiva durante el desarrollo de estas obras; y por último, la distribución clara y accesible de información a lo largo del ciclo de proyección.

Costa Rica ha alcanzado una calificación nacional de 67 puntos en este ámbito, lo que representa un avance significativo en comparación con las evaluaciones anteriores: 53 puntos en 2023 y 48 en el año 2021. Este progreso resalta las mejoras sustanciales en el entorno regulatorio y en la disponibilidad de información pública sobre los distintos proyectos de infraestructura en el país.

La muestra para esta evaluación incluyó la participación de 30 entidades y 60 proyectos, lo que representa el 87% del presupuesto destinado a las obras públicas durante el período de estudio. Este enfoque asegura una representación nacional adecuada. La selección de los proyectos se ha basado en criterios específicos, entre los cuales se encuentran:

• Primer proyecto: El que tiene el presupuesto firme más elevado durante el periodo 2021-2024, lo que indica su influencia social y económica.
• Segundo proyecto: Seleccionado al azar del mismo periodo, para garantizar una observación de distintos niveles de progreso y una representación balanceada.

Para esta tercera edición del índice, la selección de las instituciones participantes se realizó utilizando datos del Sistema Integrado de la Actividad Contractual (SIAC) y del Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP). Las entidades encargadas de la gestión de obras públicas entre enero de 2021 y junio de 2024 se clasificaron según su presupuesto y se agruparon por sectores, que abarcan salud, educación, transporte y medio ambiente.

Ambos tipos de proyectos han sido identificados mediante subtítulos de interés en infraestructura pública, acorde a los registros del SIAC y BPIP, lo que garantiza la trazabilidad y consistencia necesaria para el análisis.

Con esta evaluación, el Costo Costa Rica pretende fortalecer la responsabilidad en la gestión pública, incentivar mejoras en la administración de recursos y fomentar una mayor participación comunitaria en los procesos de inversión. Cathalina García, consultora del proyecto, comenta al respecto.

Las entidades que participaron en la evaluación incluyen: Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Comisión Nacional de Riesgo y Atención de Emergencias, Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), Poder Judicial, Universidad de Costa Rica (UCR), Instituto de Desarrollo Rural (UNA), y varias municipalidades, entre otras.

“Los resultados del Índice de Transparencia de Infraestructura (ITI) constituyen un instrumento clave para toda la sociedad costarricense, ya que permiten identificar de forma evidencia donde se han logrado avances y donde persisten brechas en la forma en la que la inversión pública es reportada y gestionada, promoviendo decisiones más acertadas y reduciendo el riesgo de corrupción,” opina Marisol Castro González, Gerente de Tierras Costa Rica.

Uno de los hallazgos más relevantes del estudio para el país es el siguiente:

• Medio ambiente del facilitador: un avance notable al pasar de 30 a 70 puntos gracias a mejoras normativas (Ley 9986 y Ley 10554).
• Distribución de información: Costa Rica se posiciona como líder internacionalmente en este ámbito (puntaje de 88.6 en Dimensión 4).
• Habilidades internas y participación ciudadana: se observó un progreso específico, aunque con estancamientos en algunos indicadores.
• Comparación internacional: Costa Rica se destaca con el puntaje más alto en la transparencia de infraestructura entre los países evaluados.
• No cuenta con una política nacional estructurada para la publicación de datos de infraestructura (ausencia de un estándar obligatorio de tipo IDS/OC4ide).
• Existen restricciones en el uso efectivo de plataformas digitales, destacándose que SICOP aún presenta desafíos de accesibilidad.
• Baja integración entre capacidades internas, participación y resultados en la distribución, lo que evidencia una débil institucionalización de buenas prácticas.
• Supervisión de contratos: existe una falta de trazabilidad en la ejecución de las obras y su recepción.

Es relevante mencionar que las dimensiones de habilidades y procesos se redujeron de 55 a 50 puntos, y la participación ciudadana experimentó una caída de 53 a 48 puntos. Estas cifras, sustentadas en la información de las instituciones evaluadas, reflejan las debilidades en la institucionalización de prácticas de transparencia, en la capacitación del personal y en los mecanismos de participación efectiva.

El ITI subraya que el avance normativo no siempre se traduce en mejores prácticas. Los datos obtenidos en el informe indican que la transparencia todavía no se concibe como un objetivo institucional integral.

Entre las recomendaciones que surgen del estudio, los expertos sugieren integrar esfuerzos para fortalecer la correlación entre capacidades internas, participación ciudadana y distribución proactiva de información. También enfatizan la necesidad de formalizar perfiles que consoliden las métricas del informante ideal y el embajador del ITI, así como mejorar las plataformas que incluyen los datos. Por otro lado, es crucial mejorar la sostenibilidad de los procesos, y los resultados del ITI pueden ser utilizados para promover una mejora institucional y planes de capacitación continua.