El tribunal encargado de llevar a cabo el juicio conocido como «La Trocha» tomó una decisión significativa el pasado martes, en la que se formalizó El abandono del abogado José Miguel Villalobos. Este abogado es el defensor de ocho de los acusados en este controvertido caso, y su repentina ausencia deja a sus representados sin una defensa adecuada en el contexto del juicio.

La razón principal detrás de esta decisión radica en la falta de presencia del abogado Villalobos en la sala de juicio durante un momento crítico. A pesar de que los jueces habían hecho una advertencia clara y contundente sobre la posibilidad de su ausencia el día lunes, el abogado no se presentó, lo cual generó una serie de repercusiones en el proceso judicial. Este desenlace es particularmente preocupante, dada la naturaleza compleja del caso y la necesidad de contar con una defensa sólida para cada uno de los acusados.

En días previos, el abogado Villalobos había manifestado que no podría participar en el debate debido a su compromiso con otro juicio, que es el caso «Phoenix». Sin embargo, estos compromisos no parecen haber sido considerados suficientes por el tribunal como una excusa válida para su falta de asistencia. En efecto, la ausencia de un defensor en un juicio penal es una circunstancia que no puede tomarse a la ligera, ya que implica la posibilidad de que los derechos de los acusados no sean debidamente protegidos.

La oficina del fiscal, ante la situación crítica de la defensa, solicitó al tribunal que permitiera dejar la defensa actual y que se concediera un período de cinco días para que el acusado pudiera contar con un abogado confiable. En caso de no conseguir uno, la corte debería proporcionarles un defensor público. Esta solicitud fue respaldada no solo por los abogados defensores en general, sino también por el representante del controlador general de la República y la Oficina del Fiscal General, indicando un amplio consenso sobre la necesidad de garantizar una defensa adecuada.

Una vez que se hizo pública la decisión del tribunal, el abogado Villalobos emitió un comunicado en el que expresó su desacuerdo. Aseguró que habría que impugnar la exclusión de su persona en la audiencia, y además, notificó que se recurriría a casos constitucionales para abordar esta situación considerada injusta. En este sentido, el litigante enfatizó que la falta de su presentación no se debió a negligencia, sino a circunstancias que debieron ser entendidas por el tribunal.

La reacción del tribunal fue desafiante; concluyeron que la ausencia del defensor Villalobos en las audiencias era total y que, en consecuencia, se confirmaba el abandono de la defensa por parte de este abogado. Como resultado, se dictaminó que Villalobos había dejado oficialmente de representar a sus clientes. En consecuencia, el tribunal estableció un plazo de cinco días para que el acusado pudiera comunicar a la corte la designación de un nuevo abogado, o de lo contrario, se les asignaría un defensor público para garantizar su derecho a una defensa justa.

Finalmente, la audiencia programada se retrasó ese día debido a un desafío planteado por uno de los jueces, quien terminó siendo sustituido. Esta situación resalta aún más la complejidad y las tensiones que rodean al caso de «La Trocha», donde la defensa y la representación legal son fundamentales para el desarrollo de un juicio justo.