El magistrado del Gobierno Constitucional ha declarado que la consulta planteada no fue autorizada por 21 diputados, quienes argumentaron que existían varias violaciones de la ley en relación con el crimen organizado. Este tema fue aprobado en una reciente sesión legislativa, bajo el documento 22,834, lo que ha suscitado un debate considerable entre los legisladores y la ciudadanía.

El proyecto, conocido como «capital emergente», tiene como objetivo otorgar al ministerio público la capacidad de solicitar la aprobación de pronósticos y la adopción de medidas de precaución preliminares ante el tribunal administrativo y civil. El propósito es la garantía, la retención o la confirmación de activos financieros considerados de interés para la justicia, lo que representa un cambio significativo en la forma en que se manejan los casos de delitos relacionados con el crimen económico.

En términos prácticos, esto significa que podrían proceder a congelar los activos de individuos sobre quienes pesen sospechas de actividades delictivas, especialmente en casos de lavado de dinero o enriquecimiento ilícito. Estas medidas podrían adoptarse incluso antes de que se inicien las investigaciones correspondientes, lo cual plantea serias preocupaciones acerca de los derechos y libertades de los ciudadanos.

El año pasado, tras la aprobación del primer debate sobre este tema, una serie de alternativas parlamentarias enviaron la consulta al compartimento legislativo, pero no se encontró respaldo en la estructura organizacional. Solo se implementó un pequeño cambio que fue realizado en el Comité Asesor Constitucional, permitiendo que el proyecto se vuelva a aprobar en una primera discusión posterior.

Los legisladores del PLP, el partido en el poder, en colaboración con algunos miembros del Pusc y la Nueva República, han introducido esta nueva consulta en el departamento correspondiente.

«Ante el Tribunal Constitucional, la consulta no permite la declaración previa de medidas de precauciones prospectivas y provisionales, infringe principios fundamentales como la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, y cuestiones relacionadas con la libertad provisional y subsiguientes leyes de procedimientos», afirmaron los magistrados en su análisis legal.

Asimismo, cuestionaron que los legisladores no lograron justificar la existencia de una novela en esta nueva consulta, lo cual no facilita la continuación del proceso legislativo y podría obstaculizar la aplicación de la autoridad constitucional por parte de la Legislatura», añadieron en un comunicado oficial.

Verifique más: los agentes envían la segunda vez el proyecto en nuevas capitales en consulta con la sala IV

¿Por qué en contra de eso?

Los legisladores que se oponen a esta iniciativa levantan preocupaciones sobre la violación de derechos fundamentales, al considerar que se podrían tomar acciones sobre la propiedad sin la necesidad de que existan denuncias formales en su contra. Esto representa un desafío directo a la presunción de inocencia, un principio que se considera sagrado en cualquier sistema legal que promueva la justicia.

Además, se ha eliminado un umbral económico que permitía a las autoridades determinar cuándo se podría considerar la posibilidad de una congelación de bienes. «Con una simple sospecha, sin que haya una acusación formal, podrían proceder a congelar los activos de cualquier ciudadano», declaró Pilar Cisneros, la líder del partido gobernante, exponiendo su preocupación respecto a este asunto.

Eli Feinzaig, del PLP, también expresó su descontento comentando que «la carga de la prueba se ha invertido; ya no se presume la inocencia hasta que se demuestre lo contrario, sino que se presenta una especie de culpabilidad automática a menos que el individuo pueda probar su inocencia, y sin un umbral que respete la legalidad».

El mismo magistrado agregó, en su resolución, que al analizar el nuevo texto de la consulta, encontraron que la única enmienda que se había presentado al proyecto de ley era la eliminación del ítem (a) número 20 ter. Esto fue hecho «en atención a los criterios emitidos por esta sentencia en la opinión número 2024-029411», concluyeron los magistrados.

En resumen, el debate continúa vigente y la comunidad está pendiente de cómo se desarrollarán las futuras acciones relacionadas con este importante tema que concierne a todos los ciudadanos, en tanto que las repercusiones sobre la propiedad y los derechos fundamentales están en el centro de atención.