El defensor del pueblo revela ocho fallas en programas sociales contra la pobreza
San José, 8 de mayo (Elmundo.cr) – el Defensor del pueblo ha identificado ocho debilidades significativas en los programas sociales implementados por el estado, destinados a ayudar a las personas en vulnerabilidad. Esta revelación se deriva de una investigación publicada el jueves, la cual pone de relieve el estado actual de estas iniciativas críticas.
Los hallazgos, que abarcan el período 2019-2024, subrayan un punto alarmante: la ausencia de indicadores de resultados, que es un reflejo de la falta de una Política nacional de pobreza. Sin una estructura clara y bien definida, es difícil evaluar la eficacia de estos programas y su impacto real en la vida de los beneficiarios.
En un escenario global que enfrenta múltiples desafíos sociales y económicos, el papel de los programas sociales es esencial para garantizar el acceso equitativo a los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. En el contexto de Costa Rica, el sector de bienestar, trabajo e inclusión social incluye instituciones críticas como el Banco de Préstamos de Vivienda (Banhvi), el Instituto Mixto de Asistencia Social (IMAS), el Consejo Nacional de Fideicomisarios de la Infancia (PANI), y la Dirección Nacional de Cen-Cinai, todos ellos bajo la supervisión del Ministerio de Población, según el Reglamento ORGÁNICO DEL PLAN Nº 4358000000-MP PLAN.
La investigación llevada a cabo por el Defensor del Pueblo se centró en un análisis exhaustivo de la planificación del presupuesto y la asignación de beneficiarios en estos programas, buscando comprender las dinámicas que los rigen. Algunos de los hallazgos más alarmantes incluyen la ausencia de metodologías de costos, que resultan en decisiones arbitrarias; la falta de resultados e indicadores de impacto, lo cual dificulta la evaluación de la efectividad de los programas; la falta de criterios de regionalización, que no consideran las disparidades regionales en la generación de pobreza; y la mencionada ausencia de una política nacional de pobreza, que debería centralizar tanto las estrategias como las responsabilidades para abordar esta problemática de manera integral.
A su vez, el Defensor del pueblo encontró deficiencias significativas en la evaluación de procesos y resultados, atribuibles a la falta de sistemas efectivos de registro administrativo. Esta limitación impide una adecuada supervisión y control de los programas. También se destacó la falta de módulos específicos en encuestas nacionales, como la red de atención, que obstaculiza la formulación de presupuestos adecuados para atender las necesidades de la población vulnerable.
Otro punto crítico que se señala en la investigación es la reducción del presupuesto y sub-ejecución, lo que genera una inestabilidad considerable en los recursos asignados a estos programas. Esta fluctuación puede ser devastadora para las familias que dependen de estos servicios. Finalmente, también se evidencia la ausencia de mecanismos de transición, que dificultan que las personas logren consolidar su independencia económica. Por ejemplo, una familia puede perder el acceso a los servicios de cuidado infantil al superar la línea de pobreza, creando así un dilema complicado para su estabilidad.
Edmundo
El mundo CR
