Tras el reciente anuncio realizado por el presidente Rodrigo Chaves, la situación de la factura del Canon de radio y televisión ha dejado a la sesión legislativa inmersa en un ambiente de incertidumbre. La reacción en el Parlamento no se ha hecho esperar. La representante adjunta de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Daniela Rojas, expresó su descontento y cuestionó enérgicamente la advertencia del presidente sobre la posible crisis en la cobertura. De hecho, antes de dirigirse a , Rojas hizo uso de su voz en el cónclave político que se llevó a cabo el miércoles en la Asamblea Legislativa.

Rojas enfatizó que, si el país se enfrenta a la «oscuridad» en el ámbito de las telecomunicaciones, la responsabilidad no debería recaer en el Parlamento, sino en el propio presidente. «Si el país sufre de oscuridad es su responsabilidad, está en sus manos. Construir un país mejor es tarea del presidente, no es tan difícil», afirmó la legisladora, haciendo hincapié en que las soluciones no deben construirse a través de amenazas y que es primordial buscar acuerdos que beneficien a todos.

«No se construyen soluciones a través de amenazas; debe buscarse el entendimiento. En esta sesión legislativa, los dos registros están actualmente bajo investigación en el Comité de Gobierno y Gestión, donde hay varias propuestas a la espera de un consenso», agregó Rojas, sugiriendo que la colaboración y diálogo son claves en esta situación. Uno de estos proyectos fue presentado por la Comisión, y establece que la recaudación se realice de forma porcentual, con el objetivo de equilibrar los ingresos corporativos a lo largo de los años, lo cual es fundamental para el desarrollo del sector.

Rodrigo Chaves, por su parte, mencionó que la posible falta de señal de televisión y radio también podría deberse a que el Parlamento no ha trabajado lo suficiente para evitar efectos adversos en los medios de comunicación, citando específicamente a Teletica como ejemplo de un cuerpo afectado. «La falta de acciones por parte de la Comisión (Parlamento) ha resultado en esta advertencia; no vamos a extender esto más allá de septiembre, es momento de que los residentes de Costa Rica comprendan dónde se encuentran sus intereses políticos y económicos», agregó el presidente.

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Escritorio

En paralelo, el libertario Óscar Izquierdo ha presentado otro proyecto relacionado que ha recibido críticas por parte del gobierno. Este proyecto, según aclaró la ministra de Ciencia y Tecnología, Paula Bogantes, no cuenta con el respaldo necesario. Los detractores han señalado que esto podría traducirse en la creación de 3.5 millones de empresas anuales, pero el impacto negativo en las pequeñas y medianas empresas sería significativo, ya que probablemente representa hasta el 65% de sus ingresos.

El presidente del Comité de Gestión, junto con el Director General Adjunto de Álvarado, ha manifestado a su voluntad de dialogar sobre la necesidad de establecer un espacio de negociación que permita encontrar soluciones efectivas al problema. «Estamos hablando sobre la urgencia de materializar la necesidad de trabajar conjuntamente, establecer un acuerdo y organizar la primera mesa de trabajo con diputados y representantes de la comisión», aseguró el miembro del gobierno.

Con el foco en la colaboración, Alvarado ha añadido que es prioritario llegar a un texto que satisfaga a todas las partes y que sea acorde a las necesidades actuales del sector, buscando acabar con el vacío legal que provoca cobros desmedidos por tarifas.

El objetivo es claro: resolver este dilema antes de septiembre. Cabe recordar que las concesiones que poseen las empresas de radio y televisión en Costa Rica expiran el 28 de julio de 2024, aunque el gobierno ha decidido extender la fecha límite en 15 meses más, hasta septiembre de 2025.