San José, 25 de abril (Elmundo.cr) – El Ex ministro de justicia y paz, Marco Feoli ha expresado su fuerte desacuerdo con las recientes directrices que han sido emitidas por el poder ejecutivo en relación con el Sistema penitenciario de Costa Rica. Según Feoli, estas directrices se ven como un intento de implementar una política pública que carece de solidez y responsabilidad.

Durante su participación en el programa UCR -RADIO -UNTERING, el exministro manifestó: «En primer lugar, tengo la sensación de que esto es un teatro, una de las tantas obras que hemos observado en los últimos años», refiriéndose a la superficialidad de las medidas adoptadas por el gobierno. Feoli destacó que lo anunciado puede considerarse anecdótico si realmente no aborda de manera efectiva problemas que son sumamente graves y que afectan a la sociedad costarricense, como lo es el tema de la violencia.

Feoli también cuestionó tanto la metodología como el trasfondo de las medidas implementadas. Señaló: «Si existe una política pública clara, una de las primeras acciones a realizar debería ser ajustar el marco regulatorio». Esto implica que cualquier cambio estructural dentro del sistema penitenciario debe comenzar con ajustes a las regulaciones existentes y no con la implementación de pautas improvisadas. En este sentido, se mostró especialmente crítico respecto al uso de directrices en lugar de la aplicación de procesos legales más formales y consolidados.

El exministro también argumentó que la dependencia en pautas improvisadas indica una falta de planificación y una urgencia por parte del gobierno, lo cual sugiere que no hay una política clara en cuanto a lo que se pretende lograr con el sistema penitenciario, más allá de la demonización de ciertos sectores de la población. “Esto indica una precipitación que es perjudicial», aseguró mientras reflexionaba sobre la falta de claridad en la dirección que está tomando el país en estas cuestiones.

Feoli hizo especial énfasis en la carencia de fundamentos técnicos que sustenten algunas de las decisiones que se están tomando. “No se ha explicado la necesidad de establecer espacios de seguridad máxima de 2000”, señaló, indicando que tal decisión requiere un análisis más fundamentado y transparente.

Recordó también que Costa Rica es un país signatario de estándares internacionales que deben ser respetados. “Costa Rica está obligada a cumplir con ciertos estándares, y deseo creer que las autoridades jurisdiccionales realizarán cambios necesarios tarde o temprano.» Este comentario pone de relieve la importancia de adherirse a normativas internacionales en la implementación de políticas públicas.

En su análisis final, Feoli señaló un peligro alarmante: el gobierno podría optar por culpar a otros poderes del estado cuando sus medidas sean rechazadas. «Estamos atrapados en este círculo vicioso que resulta muy dañino, donde se busca trasladar responsabilidades entre los diferentes órganos del estado», advirtió. Esto sugiere una falta de accountability en el liderazgo gubernamental, lo cual podría tener consecuencias negativas para la administración pública.

Finalmente, criticó lo que considera medidas inadecuadas y criminalizadoras: «Decir a la gente que cada dos meses tiene que realizar una visita conyugal no tiene sentido». Concluyó argumentando que esta medida carece de justificación, y no se ha proporcionado una clara explicación sobre su necesidad, a excepción de un enfoque punitivo que no se alinea con los principios de un sistema legal justo.