La Oficina del Fiscal Adjunto de Probabilidad, Transparencia y Anti-Corrupción (FAPTA) ha emitido un comunicado oficial en el que se informa acerca de una deducción de más de ¢ 3.200 millones del banco.

Tras llevar a cabo un exhaustivo período de investigación, recolección y análisis de pruebas, el FAPTA procedió a solicitar la apertura de un expediente en el Tribunal Penal de Finanzas y la Función Pública, bajo el archivo 23-000369-1218-PE. Este organismo tiene la responsabilidad de establecer si las pruebas presentadas son lo suficientemente contundentes como para aceptar la solicitud de impuestos propuesta.

De acuerdo con la declaración oficial emitida por la oficina del fiscal, desde enero de 2021 hasta octubre de 2023, el individuo conocido como Olivas ha estado involucrado en un elaborado plan penal destinado a recolectar de manera ilegal una suma millonaria de dinero. «Durante ese período, el acusado actuó como cliente externo del centro de procesamiento de efectivo interno, conocido como CIPE, que es el organismo responsable de recibir todos los depósitos relacionados con acuerdos de cobro de efectivo, así como de los procesos y acreditados», se detalla en la exposición del ministerio público.

Además, se señala que el Tesoro es el encargado de transferir todo el efectivo a las diversas sucursales y agencias del Banco Conjurato. En este contexto, la Oficina del Fiscal explica que Olivas operaba de manera que, en varias ocasiones, utilizaba comunicaciones en un sobre de Manila, donde aseguraba haber detenido ciertos números, que luego fueron recuperados de la CITE. «Posteriormente, él se trasladaba a la posición de conclusión y seguridad de su agencia hasta que el dinero quedaba bajo la supervisión de esta entidad bancaria», se añade en el comunicado.

Cabe destacar que este caso no se limita a Olivas solo; actualmente hay siete individuos más que están siendo objeto de investigación, ya que todavía se están considerando y recopilando elementos de juicio que podrían ser relevantes para el caso. En este sentido, el FAPTA ha decidido elaborar un archivo que contiene testimonios de las piezas que involucran a los sospechosos cuyos apellidos son Ugalde Morales, Blanco Oviedo, Cerdas Méndez, Hernández Saborío, Madrigal Faerrón, Ramírez Sandí y Bolaños Zúñiga.

La continuidad de las investigaciones pone de manifiesto la complejidad de este caso de corrupción y la seriedad con la que se están tomando las acciones legales pertinentes. En un contexto en el que la transparencia y la lucha contra la corrupción son más cruciales que nunca, el FAPTA se mantiene firme en su compromiso de concluir esta investigación y proporcionar justicia a través del sistema penal correspondiente. La sociedad está expectante a las acciones que se derivarán de estas acusaciones y a la veracidad de los hechos que se están investigando.