MADRID 18. (Europa Press) – Recientemente, el Departamento de Educación de los Estados Unidos ha solicitado formalmente a la prestigiosa Universidad de Harvard que presente una lista detallada de las donaciones que ha recibido desde el extranjero. Esto ocurre en el contexto de una nueva y significativa reunión entre los funcionarios estadounidenses y esta emblemática institución, que ha sido acusada de fomentar un ambiente de hostilidad hacia los judíos.
En su declaración oficial, la secretaria de educación, Linda McMahon, subrayó la responsabilidad de Harvard como receptor de fondos federales. Ella destacó la necesidad de que la universidad sea completamente transparente respecto a las fuentes y gobiernos extranjeros de los fondos que recibe. McMahon expresó su preocupación, afirmando que, tras un análisis preliminar, se llegó a la conclusión de que la universidad no estaba siendo del todo clara o exhaustiva en la declaración de sus donaciones, lo cual consideró inaceptable e incluso ilegal.
El gobierno estadounidense ha exigido que Harvard proporcione un listado exhaustivo de todos los obsequios, subvenciones y contratos obtenidos de fuentes extranjeras. También se requiere que la universidad presente «los registros de estudiantes internacionales que han sido expulsados o cuyas visas han sido canceladas a partir del 1 de enero de 2016.» Esta iniciativa forma parte de un esfuerzo más amplio por parte del Departamento de Educación para garantizar que las instituciones que reciben fondos públicos operen de manera transparente y acaten las leyes vigentes.
Asimismo, se ha solicitado que el Ministerio de Educación recabe «una lista de todos los investigadores, académicos, estudiantes y visitantes temporales asociados o pertenecientes a autoridades foráneas.» Esto parece ser un intento de desarrollar una vigilancia más estricta sobre las actividades de estas instituciones educativas en relación con el financiamiento extranjero.
Para añadir más tensión a la situación, se ha indicado que Harvard debe presentar, antes de finalizar el mes, una serie adicional de «registros detallados» que abordan presuntas actividades ilegales y violentas llevadas a cabo por estudiantes extranjeros. Todo esto ocurre bajo la amenaza de que ciertos programas de intercambio de estudiantes sean cancelados si no se cumplen las expectativas del gobierno.
En un desarrollo relacionado, se han anulado dos subvenciones que totalizan más de 2.7 millones de dólares (equivalentes aproximadamente a 2.3 millones de euros), ya que el gobierno considera que las acciones de Harvard socavan los valores del país. Ante esta acusación, el presidente de Harvard, Alan Garber, ha defendido la integridad de la universidad, negando cualquier intento de fomentar la división dentro del campus.
Garber afirmó: «Ningún gobierno, independientemente de quién esté en el poder, debe tener la autoridad de dictar lo que pueden enseñar las universidades privadas, ni quién es contratado y en qué disciplinas puede desarrollarse la investigación.» Esta declaración resalta la firme postura de la universidad en cuanto a su independencia y derechos constitucionales. Garber fue enfático al señalar que ni Harvard ni ninguna otra universidad privada debería permitir la intervención del gobierno federal en sus operaciones o políticas educativas.
