Washington, 28 de abril (Sputnik). – En un anuncio significativo, el gobierno de los Estados Unidos ha decidido priorizar a un grupo considerable de unos 700,000 inmigrantes indocumentados que enfrentan una solicitud criminal en su contra y que continúan residiendo en el país. Este comunicado fue realizado el lunes por Tom Homan, quien se manifiesta en representación de las políticas fronterizas de la administración de la Casa Blanca.
“De acuerdo con los registros más recientes, hay aproximadamente 700,000 inmigrantes indocumentados que tienen acusaciones penales y siguen caminando por las calles de nuestras ciudades,” declaró Homan durante una conferencia de prensa que llamó la atención de numerosos medios. “La deportación prioritaria es una cuestión crucial que debemos abordar”, continuó, enfatizando la seriedad de la situación.
Además, Homan señaló que hay alrededor de 1,4 millones de inmigrantes indocumentados que han violado la ley y que, a pesar de las advertencias para que abandonen el país, aún se encuentran en Estados Unidos. Esta situación pone de manifiesto el complex exercice de control de fronteras que enfrenta la administración.
En un contexto relacionado, se destacó que, desde el inicio de la administración de Donald Trump en enero, se han deportado a cerca de 139,000 inmigrantes indocumentados. Esta cifra es parte de lo que Homan considera un esfuerzo acertado y “bueno” en la gestión de las políticas inmigratorias.
Por otro lado, el Secretario de la Casa Blanca, Karolina Leavt, también participó en el tema, anunciando que el presidente Donald Trump firmará una orden para que el fiscal, Pam Bondi, tome las medidas necesarias para proceder con los arrestos y deportaciones de inmigrantes no autorizados dentro del país. Esta declaración ha generado diversas reacciones y ha abierto un debate sobre la ética y la legalidad de dichas acciones.
La estrategia del gobierno parece centrarse no solo en la deportación de aquellos que han infringido la ley, sino también en asegurar que las comunidades se sientan seguras y protegidas frente a la criminalidad. Las discusiones alrededor de estas políticas continúan, ya que muchos sectores de la sociedad estadounidense, incluidos grupos de derechos humanos, expresan preocupaciones sobre el impacto de estas medidas en las comunidades de inmigrantes.
Sin duda, este enfoque de la administración sobre la inmigración refleja el compromiso de la Casa Blanca de abordar lo que consideran como un problema significativo en la seguridad nacional. La controversia que rodea estas decisiones resuena en todo el país, generando una variedad de opiniones sobre el futuro de la política migratoria.
