En el ámbito fiscal, el Fiscal General, Carlo Díaz, ha oficializado un nuevo diseño para la pista del Aeropuerto de Liberia, lo que ha suscitando numerosas críticas y preocupaciones, en especial respecto a su impacto negativo en el Tesoro Público. Este movimiento ha despertado el interés y la alarma en múltiples sectores del gobierno y la sociedad civil, dado que las implicaciones de tal decisión aún no han sido completamente evaluadas.
El 13 de mayo en San José, Carlo Díaz presentó un resumen exhaustivo de los múltiples ataques que ha conllevado la restauración de la pista del Aeropuerto Daniel Oduber Quirós. Durante su exposición, el Fiscal clarificó que la justificación ofrecida para la disminución de la capacidad de aterrizaje en este aeropuerto está siendo objeto de investigación en este primer período, un asunto que ha cobrado relevancia después de los daños provocados por la tormenta de Bonnie situada en la región. Sin embargo, subrayó que “No hubo un enlace causal entre esta tormenta y el declive que ha sido documentado desde hace años, lo cual plantea serias dudas sobre la legitimitad de los argumentos presentados para llevar a cabo esta reducción del área de aterrizaje.”
Díaz continuó detallando que la controversia en torno a la restauración de la pista ha derivado en problemas legales. En este sentido, mencionó que «La Compañía MECO ha estado involucrada en ciertos delitos que han sido advertidos previamente por la unidad ejecutiva de la Dirección General de Aviación Civil.” Esto ha llevado a un clima de desconfianza y tensión entre los involucrados, donde se necesita más transparencia y claridad en las decisiones tomadas.
De acuerdo con el Fiscal, “Dadas estas irregularidades legales y la consiguiente retención de pagos que se ha aplicado a esta empresa constructora, se les solicitó a los ingenieros de MECO que presentaran una nueva propuesta de diseño para la pista. Sin embargo, luego de la evaluación, los ingenieros ejecutivos rechazaron considerar esta propuesta, argumentando que no tenía valor y que no proporcionaba beneficios para la Hacienda Pública.”
El caso se complica aún más con las presiones ejercidas por los implicados, donde el ingeniero Don Mauricio Battal ha sido señalado por concluir que esta situación podría causar un grave daño a la tesorería pública. Esta declaración ha dejado entrever no solo la preocupación por el impacto inmediato, sino también por las repercusiones futuras que un mal manejo de esta situación podría acarrear en la administración pública y la confianza del ciudadano en las instituciones.
Las palabras de Díaz y la crítica situación en el Aeropuerto Daniel Oduber Quirós refuerzan la necesidad de una supervisión más estricta y de mecanismos de control más eficaces en todas las operaciones del gobierno que involucren recursos públicos. A medida que se desarrollan estos eventos, tanto el público como las autoridades deben mantenerse alerta y demandar transparencia en todas las fases del proceso.
Yamileth Angulo
El mundo CR
