Recientemente, varios funcionarios del gobierno, incluyendo a Marcos Castillo, quien se desempeña como director de aviación civil; Alejandro Picado, el actual presidente de la Comisión Nacional de Emergencia (CNE); así como el ex ministro Mauricio Batalla, se presentaron ante los tribunales para ser procesados por las autoridades judiciales debido a su implicación en un caso relacionado con la gestión de emergencias en el país.
Además, otro funcionario del CNE, conocido como Villalobos, también fue arrestado y llevado ante la corte en el marco de las investigaciones sobre un presunto acuerdo relacionado con el piso de aterrizaje del aeropuerto de Liberia, un tema de gran interés público en estos momentos.
Marcos Castillo, director de aviación civil
Alejandro Picado, presidente del CNE
Partió de su casa de Mauricio Batalla, ex ministro de Mopt
Villalobos de la cne oficial
Investigación
Las investigaciones en curso están analizando un conjunto de presuntas irregularidades relacionadas con la declaración de emergencia que se emitió para realizar la rehabilitación del piso de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber, ubicado en Liberia. Este asunto ha captado la atención de medios de comunicación y del público en general.
El expediente correspondiente a este caso es el 24-000454-1218-PE, donde se hacen las alegaciones de que la justificación para el estado de emergencia fue fabricada. Según el cuerpo acusatorio, el daño que supuestamente afectó la pista fue erróneamente atribuido a eventos climáticos como un capó de tormenta tropical y otras ondas tropicales que se presentaron durante el año 2022, lo que resulta en una imputación incorrecta a fenómenos naturales.
Como consecuencia de esta situación, se tomó la decisión de incluir a Liberia en la declaración de emergencia que abarcó todo el país, lo que permitió la adjudicación de un contrato que asciende a $39.9 millones. Esta cantidad considerables de fondos públicos están bajo escrutinio debido a la forma en que se facilitó su disburso.
Cuando se declara una emergencia, los protocolos para ejecutar los trabajos son simplificados, facilitando la ejecución de las obras en el menor tiempo posible. Esto implica que los recursos están disponibles de inmediato y que no se requiere la aprobación previa del controlador general de la República (CGR), lo que ha suscitado aún más preocupación sobre el manejo del dinero público en este contexto.
