En la capital de Costa Rica, Ciudad de San José, así como en Panamá, se ha desatado una investigación de gran envergadura que ha revelado un esquema financiero de considerable complejidad, relacionado con supuestas evasiones y exacciones fiscales que superan los 100 millones de dólares. Este esquema ha vinculado al Banco Racial de Costa, que mantiene sucursales dentro del Centro Bancario de Panamá, lo que ha levantado cejas entre las autoridades financieras de ambos países.

De acuerdo con información de fuentes cercanas al caso que han sido confirmadas por la estrella Panamá, la investigación fue iniciada en Costa Rica luego de la detección de una posible evasión fiscal que alcanza la cifra de 10 millones de dólares. Este hecho fue suficiente para que se pusieran en marcha las primeras consultas a cargo del Ministerio de Finanzas de Costa Rica, cuya labor consistió en señalar las redes internacionales de empresas que están registradas tanto en Costa Rica como en Panamá.

A medida que se han adentrado en el análisis de las operaciones, las autoridades han advertido que estas empresas pertenecen a un mismo conglomerado o «tenencia». Este grupo se presenta como el verdadero propietario del banco implicado, que ha estado realizando transacciones relacionadas con la supervisión de fondos. Se sospecha que estas transacciones, que estarían en curso desde 2023, se manejaron de una manera poco transparente.

La investigación se activó tras la presentación de una denuncia inicial contra un empresario costarricense, quien ha sido identificado como el propietario legítimo de las compañías involucradas, entre ellas el banco que ha estado llevando a cabo actividades financieras cuestionables. Este empresario se encuentra actualmente bajo el escrutinio de las autoridades elaborando juntos un panorama más claro sobre las operaciones realizadas por estas entidades.

Informes detallados han sido enviados al Ministerio Público de Panamá, señalando que la falta de documentación adecuada para verificar el origen de los fondos involucrados genera enormes dudas sobre la legitimidad de las operaciones. Adicionalmente, se ha detectado un patrón repetitivo de transacciones, lo que podría sugerir la existencia de un mecanismo de fraude fiscal a nivel internacional.

Las autoridades en Costa Rica y Panamá están colaborando para esclarecer la magnitud de estas actividades financieras, con el objetivo de establecer una posible responsabilidad tanto penal como administrativa en relación con los individuos y entidades que estén implicados. Los esfuerzos conjuntos para investigar y afrontar este asunto continúan, y se espera que resulten en un mejor entendimiento de este complejo entramado financiero.