La comisión de asuntos legales del Reunión legislativa ha tomado una decisión importante al rechazar el proyecto de ley que proponía la regulación del cultivo doméstico de la planta del género cannabis, previsto para ser utilizado con fines personales. Esta medida, que generó un intenso debate, fue presentada por el diputado del Frente Amplio (FA), Ariel Robles, con la intención de dar un marco legal al cultivo de esta planta con el objetivo de que los ciudadanos pudieran cultivarla en sus hogares para su uso personal.
El proyecto, conocido como el archivo 24.176 bajo el título “Ley para regular el cultivo doméstico de la planta del género cannabis con fines personales para proteger la salud pública y los derechos humanos”, fue objeto de una evaluación exhaustiva por parte de la Comisión. Sin embargo, la votación final resultó en un rechazo contundente, con 4 votos en contra y solo 2 a favor de la propuesta. Los únicos miembros de la Comisión que apoyaron el proyecto fueron Rocío Alfaro, del Frente Amplio, y Johana Obito, quien representa una postura independiente.
¿Qué busca el proyecto?
El objetivo central de esta propuesta legislativa era establecer un marco que regule el cultivo doméstico de la planta de cannabis con fines personales. La intención era triple: por un lado, proteger la propiedad legal de los individuos acerca del uso de esta planta; por otro, garantizar que la salud pública estuviera debidamente contemplada y resguardada; y, en última instancia, asegurar la protección de derechos humanos fundamentales. Esta medida promulgaría derechos como el acceso a la salud, el desarrollo libre de la personalidad y, por supuesto, la seguridad de los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos.
A pesar del rechazo en la Comisión, existe la posibilidad de que el proyecto sea revisado nuevamente a través de un informe minoritario que podría llevarlo a una compensación legislativa. Esto significa que podría haber nuevas oportunidades para discutir y posiblemente tomar decisiones sobre el cultivo de cannabis en un entorno doméstico, llevándolo de nuevo a la agenda legislativa y permitiendo un debate más amplio sobre sus implicaciones sociales y legales.