El Corte Suprema de los Estados Unidos ha tomado una decisión crucial el pasado sábado, respecto a la deportación de varios presuntos miembros de pandillas venezolana que se encuentran en Texas, después de haber sido detenidos en una prisión de máxima seguridad. Esta decisión se basa en una antigua ley del siglo XVIII, la Ley de los Enemigos Extranjeros, que ha sido objeto de controversia y debate en el contexto actual.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, había solicitado previamente la aplicación de esta ley de 1798 para arrestar a los presuntos miembros del grupo conocido como Aragua y deportarlos a una prisión de máxima seguridad ubicada en El Salvador. Hasta la fecha, esta ley había sido utilizada históricamente en ocasiones limitadas, incluyendo conflictos con el Imperio Británico y en ambas guerras mundiales durante el siglo XX, principalmente en la Guerra de 1812.

En su declaración, el tribunal supremo dejó claro que el gobierno no está autorizado a expeler a ningún miembro de la clase de prisioneros que forman parte del nuevo proceso judicial establecido en este expediente. Esta decisión se ha producido en respuesta a un recurso de emergencia presentado por defensores de los derechos humanos que buscan detener la deportación de migrantes que actualmente se encuentran detenidos en un centro de detención en Texas, en el Sur de los Estados Unidos.

La Unión de Libertades Civiles Americanas (ACLU) presentó una apelación el pasado viernes por la noche, argumentando que el grupo de venezolanos fue notificado en Texas que serían «expulsados inmediatamente» bajo la ley mencionada. «Estos hombres se encuentran en una situación inhumana, encerrados en una prisión extranjera sin la posibilidad de poder acceder a un tribunal. Nos alegra que la Corte Suprema haya decidido intervenir y no permita que el gobierno los expulse como hizo el mes pasado con otros», comentó el abogado de ACLU, Lee Gelernt.

Los representantes de varios de los venezolanos deportados habían insistido previamente en que sus clientes no eran miembros del grupo Aragua, afirmando que no habían cometido ningún crimen y que su única «culpa» era haber sido objeto de esta campaña debido a sus tatuajes corporales.

– Oportunidad de defenderse –

Trump, durante su última campaña electoral, se comprometió a expulsar a millones de migrantes indocumentados y ha acusado a Venezuela de perpetrar «una invasión» en Estados Unidos a través de la entrada de los supuestos miembros del grupo Aragua. En este sentido, la Corte Suprema ha señalado este mes que cualquier individuo que esté en proceso de deportación bajo esta ley centenaria debe tener la oportunidad de defender su caso y corregir cualquier situación de desalojo indebido.

Durante la apelación presentada por la ACLU el viernes, se advirtió que muchos migrantes en Texas corren el riesgo de ser «expulsados de Estados Unidos sin previo aviso o sin la oportunidad de ser escuchados». «Hemos tenido informes de que muchas personas ya han sido colocadas en autobuses, supuestamente con destino al aeropuerto», indicó el grupo.

– El caso de Abrego García –

Adicionalmente, la semana pasada, la Corte Suprema también ordenó al gobierno de Trump la compensación por la deportación accidental de un migrante salvadoreño, Kilmar Abrego García, quien fue capturado en su país tras el uso de la misma ley. Abrego García había recibido un estatus legal protegido desde 2019, cuando un juez determinó que no debía ser deportado a su país debido a los peligros que enfrentaría.

A pesar de su estatus, fue apresado el 16 de marzo en la prisión de máxima seguridad construida por el presidente salvadoreño Nayib Bukele. Desde entonces, Trump ha llevado a cabo la deportación de 288 venezolanos y salvadoreños, acusándolos de ser «delincuentes». Aunque se reconoció un «error administrativo», el Gobierno de Trump sostiene que no es posible rectificarlo, dado que Abrego García ya se encuentra detenido en El Salvador.

Los migrantes deportados hacia El Salvador son llevados al Centro para el Límite de Terrorismo CET (CECOT), al sureste de la capital, San Salvador. Esta prisión ha sido calificada como la más grande de América Latina, con una capacidad para albergar a 40,000 prisioneros. Las condiciones en este centro son alarmantes, ya que los prisioneros son forzados a vivir en celdas sumamente hacinadas, sin ventanas, durmiendo en camas de metal sin colchón, y careciendo de la posibilidad de recibir visitas.