San José, 7 de abril (elmundo.cr) – Un análisis financiero basado en datos oficiales del Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), reveló que la institución pagó un superávit de ₡2.220 millones tras la asunción de la administración directa del áreas de salud de Carpio-León XIII y San Sebastián-Paso Ancho.
Este aumento representa un gasto significativamente mayor que se habría incurrido bajo el modelo de subcontratación que funcionó anteriormente, lo que muestra una brecha de eficiencia que afecta directamente las finanzas del sistema de seguridad social.
Los datos, proporcionados por la CCSS elperiodicocr.com demuestran que, luego de asumir la operación del proyecto La Carpio-León
De hecho, el cotejo para lograr esta comparación se realizó utilizando datos de la propia CCSS sobre lo que brinda a través de contratos de tercerización a la Asociación de Médicos Costarricenses (ASEMECO)que había renunciado a aceptar un contrato de emergencia para la operación el año anterior en medio de presiones sindicales para eliminar este tipo de modelo.
La pericia técnica de la experta Sharon Benavides así lo reveló El actual modelo de gestión de los funcionarios de la Caja es financieramente ineficientey carece de una justificación técnica sólida frente al esquema de alianzas con organizaciones sociales y cooperativas que prevalecía antes de la transición.
La situación es particularmente crítica en la zona Carpio-León XIII, donde está registrada la CCSS un coste extra del 46,20% respecto a la tarifa de administración externalo que incrementa el gasto institucional a ₡2.194 millones.
Por su parte, en San Sebastián-Paso Ancho, el costo se disparó un 30,99% por encima de la tasa externa durante el semestre analizado.
Este fenómeno responde en gran medida a una estructura de costos más onerosos en áreas de compensación y costos sociales, lo que excede los estándares del mercado de servicios privados-sociales de salud y presiona el presupuesto de la institución de manera insostenible.
Este aumento del gasto no es un hecho aislado, sino el resultado de una transición caracterizada por fuertes movimientos huelguísticos y resistencia de mandos intermedios y sindicatos como Undeca y ANEPque históricamente se opuso a la gestión cooperativa.
El informe concluye que la institución ha cedido ante esta presión sindical, lo que ha dado lugar a una “ideología de la ineficiencia” que frena los contratos de subcontratación ya adjudicados. Mientras continúe esta parálisis administrativa por motivos políticos y sindicales, El dinero de los asegurados sigue financiando onerosas estructuras administrativas en lugar de invertirse en reducir las listas de espera.
El impacto social de este desequilibrio financiero es cuantificable y alarmante, ya que el precio extra pagado equivale a que se suspendieron más de 83.400 consultas médicas en sólo nueve meses.
De este total, se estima que al menos 55.599 citas de medicamentos genéricos nunca llegaron a los pacientes debido a los ₡1.480 millones desperdiciados únicamente en ineficiencias operativas.
De esta manera, el peritaje destaca que el costo de oportunidad de mantener la administración directa en estas áreas afecta gravemente la capacidad asistencial del sistema nacional de salud, que sacrifica la cobertura médica real en favor de mantener un modelo burocrático más caro.




