Alrededor de las 16:20 el lunes pasado, el tribunal conformado por dos jueces y un juez específico encargado del caso, en la sala 11 del segundo ciclo judicial en Goicoechea, tomó la decisión de suspender el inicio del debate programado. Esta decisión fue impulsada por la notable ausencia del abogado José Miguel Villalobos, quien tiene a su cargo la representación legal de ocho de los trece acusados en el caso.

La penalización que enfrenta Villalobos ha llevado a que en días recientes hiciera reiteraciones respecto a su imposibilidad de asistir al debate en el momento estipulado, argumentando que actualmente se encuentra inmerso en el juicio del caso conocido como “Phoenix”. Esta situación ha generado preocupación y ha llevado al tribunal a actuar de manera proactiva. A pesar de la falta de Villalobos, el tribunal decidió otorgarle un plazo de 24 horas para que justifique su inasistencia, advirtiendo que de no hacerlo se podría considerar como un abandono del caso, lo cual podría acarrear problemas legales más serios.

En ese contexto, Villalobos hizo una explicación al grupo adicional, exponiendo que su día se encontraba comprometido en los tribunales de San José hasta las 15:30, lo cual lo imposibilitaba para trasladarse a Guadalupe a tiempo para participar en el debate. Esto pone de manifiesto las complicadas dinámicas y la carga de trabajo que enfrentan muchos abogados en el sistema judicial, donde los tiempos y la logística son críticos para la administración de justicia.

El juicio está programado para reiniciarse a las 5 p.m. de este próximo martes, y se espera que los involucrados se encuentren presentes y listos para proceder en este caso que ha capturado la atención de la opinión pública y los medios de comunicación.

El caso en cuestión, conocido como “La Trocha”, se ha consolidado como uno de los escándalos de corrupción más emblemáticos que ha sacudido la infraestructura vial del país. Este caso fue revelado al público el 4 de mayo de 2012 y desde entonces ha sido objeto de intenso análisis y debate. En total, trece personas enfrentan diversos cargos que incluyen peculación, enriquecimiento ilegal, encubrimiento, soborno, castigo corrupto y legitimación de capitales, entre otros. Estos delitos reflejan no solo la gravedad de la corrupción en el ámbito público, sino también las implicaciones y consecuencias que estas prácticas ilícitas tienen para la sociedad en general.