Este miércoles, la Agencia de Investigación Judicial (OIJ) llevó a cabo una serie de acciones que resultaron en la identificación de cuatro ataques perpetrados por un funcionario del Instituto de Desarrollo Rural (Inder). Este individuo es considerado un presumible tirador de dinero, lo cual ha desatado una amplia investigación por parte de las autoridades competentes.
Hasta el momento, las autoridades han investigado varios sitios, incluyendo dos hogares y un estacionamiento, además de las oficinas del funcionario implicado. En el curso de esta investigación, se han confiscado un total de cinco armas de fuego, que incluyen un AR-15, varias pistolas y un revólver. Asimismo, se han recuperado aproximadamente $ 45 mil dólares, lo que ha intensificado el interés de la policía y el OIJ en el caso.
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De acuerdo con un comunicado oficial, el Inder ha afirmado que proporciona toda la cooperación e información necesarias para ayudar a las autoridades en el desarrollo del procedimiento correspondiente. La institución ha enfatizado su disposición para colaborar de forma efectiva en lo que se requiera, demostrando un compromiso genuino por esclarecer la situación y restablecer la confianza pública.
«El inserto repite su compromiso con la transparencia de la función pública y rechaza categóricamente cualquier acto que viole el sistema legal costarricense», afirmó la institución en su declaración.
La investigación relacionada con este caso se inició en septiembre de 2024, luego de que una persona se presentara ante las autoridades para informar que había sido amenazada y coaccionada para que transferir una propiedad vinculada al Inder. Este testimonio ha sido crucial para el avance de la investigación, la cual ha estado bajo el escrutinio público debido a su naturaleza delicada.
El OIJ ha declarado que el delincuente aparentemente había solicitado un préstamo informal y se habría atrasado en uno de los pagos, lo que podría haber desencadenado la serie de eventos violentos. El funcionario detenido supuestamente había colaborado con el otro sospechoso para mantener la propiedad a su nombre, lo que ha complicado aún más el caso.
Las movilizaciones de las fuerzas de seguridad se llevaron a cabo en las zonas de Paso de Canoas y en la cuesta de Corredores, donde se realizaron las detenciones y se tomaron medidas adicionales para asegurar la zona.
