En una decisión reciente, la votación en contra de los libertarios, que incluyó a Danny Vargas, Francisco Nicolás y Alejandra Larios, así como el voto del público representado por Daniel Vargas, llevó a que el abogado rechazara un registro que contaba con 24,176 firmas. Esta iniciativa tenía como objetivo permitir el tratamiento de autocultivo del cannabis, lo que ha generado un gran debate social y político en la región.

La propuesta fue presentada oficialmente por el legislador Ariel Robles bajo el marco del frente amplio en el mes de febrero de 2024. La intención de esta medida era autorizar el cultivo doméstico de la planta «del género cannabis» para usos estrictamente personales, permitiendo a los adultos que cumplen con la edad legal a cultivar hasta un máximo de 20 plantas femeninas. Sin embargo, la propuesta enfrenta resistencia a pesar de su aparente intención de beneficiar a los ciudadanos.

Pese a la propuesta, solo Rocío Alfaro y la subdirectora general independiente, Johana Obando, se alinearon con la iniciativa y votaron a favor de su avance, lo que deja claro que la controversial idea ahora deberá enfrentarse a más obstáculos antes de ser adoptada oficialmente.

Uno de los principales objetivos del sistema de autocultivo, establecido en el proyecto de ley presentado, era la reducción del mercado ilegal de cannabis y la promoción de políticas de salud pública más efectivas. Según el diputado Robles, «Es crucial que el estado permita que la autocultivación proteja la salud de los usuarios y sus derechos humanos, así como su seguridad. Esto implicaría garantizar una opción legal para adquirir este material, alejándolos del mercado farmacéutico ilegal que es tan perjudicial».

Los defensores de la medida argumentan que la actual prohibición que existe sobre el cultivo de cannabis en Costa Rica resulta obsoleta, especialmente en un contexto donde están surgiendo nuevas iniciativas de marketing y políticas más comprensivas. La legislación actual, contenida en el Artículo 58 de la ley sobre narcóticos, psicotrópicos y otras drogas, parece dejar una laguna legal que podría permitir el castigo por cultivar, incluso para el consumo privado.

En el marco del proyecto, se establece claramente que cualquier individuo que exceda las 20 plantas permitidas enfrentaría una multa que podría oscilar entre uno y cinco salarios básicos, una regulación que busca evitar abusos pero que también genera preocupación entre los defensores de los derechos del cannabis.

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