Elidya Espinosa, presidenta de la ANEP, expresó que si el gobierno no escucha sus demandas, la organización considerará iniciar una huelga indefinida a partir del 19 de mayo. Este anuncio refleja la creciente preocupación y el descontento entre los trabajadores de la salud, que se sienten amenazados por la nueva normativa que afecta directamente a sus derechos y a su futuro profesional.

Durante esta semana, el descontento se ha extendido entre los profesionales de la salud en diversas instituciones, como el Instituto Nacional de Oncología (ION), el CSS, y el Hospital del Niño, quienes se han unido a la causa contra la nueva ley orgánica relacionada con las pensiones. Esto indica que el malestar es generalizado y no se limita solo a un grupo específico, sino que involucra a múltiples sectores del ámbito sanitario.

Espinosa ha señalado que, además de la posibilidad de hacer huelga, en un plazo de poco más de una semana, se organizará un foro abierto para evaluar el impacto de las decisiones que se están tomando desde el gobierno y cómo estas afectan a los trabajadores y servicios de salud. Este enfoque busca dar voz a la población afectada y generar un espacio de discusión y reflexión acerca de las implicaciones de la ley.

La protesta también ha logrado unificar a diferentes grupos que demandan el respeto de los derechos laborales, destacando la participación de maestros y trabajadores de la industria de la construcción, quienes desde el 23 de abril han mantenido una huelga indefinida hasta que la ley sea derogada. Este tipo de solidaridad intersectorial es fundamental para el movimiento, ya que muestra una lucha conjunta en pro de la justicia social.

Además, los manifestantes han expresado su rechazo a un memorándum de entendimiento firmado en abril entre el ejecutivo panameño y los Estados Unidos, alegando que este acuerdo representa una amenaza a la soberanía nacional. Saúl Méndez, líder del sector de construcción, también ha repudado la postura del presidente de la República, José Raúl Mulino, quien afirmó que no participaría en diálogos respecto a temas de seguro con los grupos en protesta.

El expresidente del país, quien fue candidato en las elecciones de 2019, se ha alineado con el movimiento social, apoyando la apertura de canales democráticos para discutir la Ley 462 y demandando el fin de las arbitrariedades por parte del gobierno. Es un llamado a la acción que resuena en toda la sociedad.

Mulino, durante su conferencia de prensa semanal, reiteró su compromiso con los intereses nacionales y reconoció el derecho constitucional a la protesta, pero hizo hincapié en la importancia de mantener libres los caminos, señalando que no se permitiría que las vías fueran cerradas como un método de expresión.