Un nuevo e innovador proyecto gubernamental ha sido lanzado con el objetivo primordial de erradicar el uso de efectivo en el sistema penitenciario, así como limitar el acceso y la utilización de personas que han sido privadas de libertad en actividades delictivas. Esta iniciativa surge después de una orden emitida por la Dirección General para el Ajuste Social del Ministerio de Justicia y Paz, relacionada con las DGA, que establece la finalización de la carta 01-03-25, la cual ha estado vigente desde el miércoles anterior.
La implementación de esta medida tiene como propósito fundamental la prevención de actividades ilícitas, como la compra y venta de drogas, así como la extorsión que se entrelaza entre la población carcelaria y las empresas ilegales. Este proyecto, es parte de un esfuerzo mayor que busca reforzar los mecanismos para el control penitenciario que esta administración ha impuesto con el fin de mantener el orden, la seguridad y la integridad dentro de los centros penitenciarios del país.
El nuevo sistema propuesto fomentará un control de pagos más estricto, promoviendo así la trazabilidad de las transacciones realizadas por personas privadas de libertad. Actualmente, se llevan a cabo reuniones con diversas entidades bancarias estatales para establecer los protocolos de gestión que permitirán que estas personas tengan acceso a cuentas bancarias. Además, la administración interna de cada institución penitenciaria está trabajando arduamente en la creación de los instrumentos regulatorios necesarios para facilitar este proceso.
Dentro de la circular que acompaña esta iniciativa, se establece la incautación de cualquier efectivo que posean las personas que están bajo privación de libertad, dado que la circulación de dinero en efectivo está completamente prohibida. Los internos tendrán un plazo de cinco días hábiles para entregar cualquier dinero que tengan a sus familiares o a una persona de confianza. Esta medida es crucial para desincentivar el uso del efectivo y, al mismo tiempo, evitar que se utilice como un medio para perpetuar actividades delictivas dentro de las cárceles.
Escanear dentro de la reforma
Asimismo, el gobierno anunció la instalación de un sistema donado en 2016 por la Embajada de los Estados Unidos, el cual incluye un BodyCanner valorado en 113 millones de colones, instalado en la prisión de Jorge Arturo Montero. Este sistema comenzó a funcionar el sábado 22 de marzo y ha permitido la captura de cuatro personas que aún estaban en libertad, quienes fueron sorprendidas con drogas y teléfonos en su posesión.
La administración gubernamental ha decidido implementar medidas administrativas vigorosas e inmediatas, tales como el cierre de agujeros de contrabando y la eliminación total del efectivo en las cárceles. En este contexto, el Gobierno de la República ha presentado un proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa, el cual aborda de manera integral todos los problemas asociados con la administración de las empresas privadas en el sistema penitenciario. Este proyecto busca asegurar un trato más humano y un proceso de reinserción social más eficaz para aquellos que han estado bajo privación de libertad.
