Mil privados de libertad se unen a una huelga de hambre para rechazar nuevas medidas gubernamentales

SAN JOSÉ, 26 de enero (Elmundo.CR) – Aproximadamente 1,000 personas privadas de libertad en Costa Rica han comenzado una huelga de hambre este lunes en rechazo a las nuevas medidas anunciadas por el gobierno que afectan al sistema penitenciario del país. Esta acción ha sido convocada como una forma de resistencia ante lo que consideran restricciones desfavorables que impactan su calidad de vida y derechos dentro de las cárceles.

De acuerdo con el director de la Policía Penitenciaria, Nils Ching, la situación ha ido más allá de lo previsto, ya que el máximo de seguridad, conocido como Sinaks, ha incentivado a otras prisiones de seguridad más baja a unirse a la huelga. Esto ha generado un eco en las voces de los prisioneros que, impulsados por la solidaridad y el deseo de hacer oír sus demandas, han optado por este drástico paso.

Ching explicó: «Esta obligación de algunos prisioneros para instar a otros ha podido determinarse principalmente gracias a quejas de los familiares y publicaciones en las redes sociales. A medida que avanzaban las horas, estas personas empezaron a renunciar». Este fenómeno ha sido observado tanto en las prisiones de alta estatus de seguridad como en aquellas de seguridad media y baja, demostrando que la disconformidad es generalizada.

El director de la Policía Penitenciaria también destacó que la situación parece estar bajo control y que el número de huelguistas es significativo, aunque enfatizó que «esto ni siquiera representa el 10% del sistema cerrado del sistema penitenciario». Esta cifra resulta interesante al contrastarla con la opinión de Rafael Ángel García, portavoz de la Asociación de ONG que ayudan a la defensa de los derechos de los privados de libertad y sus familias. Según García, los datos ofrecen una imagen diferente, sugiriendo que la huelga ha involucrado a unos 4,500 prisioneros en la reforma y más de 7,000 en total, en un sistema penitenciario que actualmente alberga alrededor de 17,000 personas detenidas.

Las medidas que han motivado esta manifestación fueron anunciadas el 23 de abril y se centran en una reducción drástica de los derechos de visita y comunicación. Por ejemplo, se impone un cierre de las visitas íntimas a una cada dos meses, exigiendo además que se demuestre que el visitante es el prisionero. Anteriormente, las visitas íntimas eran permitidas cada 15 días, lo que ha generado un gran descontento entre los internos y sus familias. Además, las visitas familiares también sufrieron una reducción; ahora solo podrán recibir visitas una vez al mes, en lugar de una vez cada semana.

Por otro lado, el uso del teléfono público ha sido limitado a solo 10 minutos por semana, a diferencia de la situación anterior, donde el uso era gratuito y sin restricciones. Finalmente, se ha decidido también limitar los artículos esenciales que pueden ser enviados a los reclusos, restringiéndolos a solo uno por mes. Esto se ha hecho con el objetivo de controlar el ingreso de productos prohibidos como medicamentos y teléfonos celulares en las cárceles. Según el Ministerio de Justicia y Paz, las políticas previas de entrega diaria de paquetes facilitaron la entrada de estos artículos no autorizados, lo que ha llevado a la implementación de estas nuevas normativas.

Edmundo
El mundo CR