La sesión legislativa que tuvo lugar el miércoles pasado resultó en la aprobación de una iniciativa crucial en el primer debate, logrando un significativo respaldo con un total de 43 votos a favor. Este proyecto ha sido numerado como la lista 24,495. Una de las propuestas más destacadas en esta iniciativa proviene de la diputada Monserrat Ruiz, quien ha manifestado que las autoridades judiciales están en su derecho de llevar a cabo operaciones continuas a lo largo del día, sin limitaciones horarias.
La reforma, en particular, busca modificar el Artículo 193 del Código Penal, eliminando las restricciones existentes que limitan el programa de operaciones a intervalos específicos. En el marco actual, las fuerzas del orden solo pueden llevar a cabo estas acciones entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde.
Mediante la enmienda, se permitirá que las autoridades del Instituto de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía General realicen operaciones en cualquier momento del día o de la noche, abarcando también los fines de semana y días festivos. Esto responde a la creciente necesidad de una respuesta efectiva ante el aumento de actividades criminales.
El 26 de febrero, tras una reunión sobre el estado del poder legislativo, Carlo Díaz, quien es oficial del Ministerio Público, declaró que enmendar esta legislación era fundamental para mejorar los planes operativos en estas situaciones críticas. «No debemos limitarnos a horarios establecidos; debemos estar listos las 24 horas del día para todos los casos», enfatizó el Ministro de Justicia en su discurso.
Ruiz, quien estuvo presente durante la aprobación en primera discusión, expresó su satisfacción y anticipa con optimismo la segunda discusión programada para el 29 de abril. Esto subraya la importancia de modernizar el marco legal en respuesta a la creciente amenaza del crimen organizado.
La diputada Verdiblanca hizo hincapié en que el crimen organizado no conoce de descansos, afirmando que «no debería haber límites en la lucha contra los actos delictivos». Su objetivo es seguir estableciendo un marco legal sólido que garantice la seguridad pública y proteja la vida de todos los ciudadanos.
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Monserrat Ruiz, Diputado Pln.
¿Qué dice el proyecto?
La propuesta contiene mejoras significativas al artículo mencionado, las cuales incluyen la implementación de registros y allanamientos en diferentes localizaciones, incluidos hogares y oficinas, así como en otros lugares relevantes según lo dictado por el juez.
Estas son algunas de las disposiciones que se presentan en el proyecto, que fue validado en su primera discusión:
«Artículo 193 – Allanamiento y registro de residencia. Los registros deben realizarse conforme a las órdenes emitidas, tanto en viviendas como en oficinas o negocios. Estos procedimientos serán supervisados directamente por los jueces y podrán ejecutarse en cualquier momento del día o de la noche, así como durante los días festivos.» Esto permite una mayor flexibilidad y reactividad ante situaciones que requieren intervención inmediata.
Asimismo, el proyecto detalla los plazos en los que un juez deberá emitir una resolución tras la solicitud de una orden de registro:
«Cuando se presenta una solicitud para llevar a cabo un registro, el juez debe respetar los siguientes plazos para emitir la resolución:
- En trámites normales, el tiempo máximo para resolver es de hasta tres días hábiles.
- Para procesos que impliquen procedimientos especiales relacionados con el crimen organizado o casos complejos, el máximo será de hasta cinco días hábiles para emitir una resolución.
