El Frente Amplio ha tomado la iniciativa de presentar un proyecto de ley que propone una medida significativa para las personas que se encuentran en proceso de recibir una pensión para el año 2029. La propuesta busca establecer un mecanismo que permita la entrega de pensionistas complementarios obligatorios (ROPC) en un periodo de dos años y no de manera indefinida a lo largo de la vida del pensionista. Esta iniciativa representa un cambio importante en la forma en que se administran los fondos de pensiones.
Es relevante mencionar que este nuevo plan se aplicará exclusivamente a aquellas personas que comiencen a recibir su pensión entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2029. La administración de esta propuesta será evaluada en la autoridad legislativa, y su identificación se lleva a cabo a través del número de documento 24,972. Esto implica que la discusión sobre su viabilidad y efectividad se llevará a cabo en el marco formal del sistema legislativo, permitiendo un examen detallado de sus implicaciones.
El portavoz de esta iniciativa es el subsecretario general de Rocío Alfaro, quien ha expresado preocupaciones sobre las difíciles circunstancias económicas que enfrenta Costa Rica. Estas inquietudes han surgido a raíz de diversos conflictos internacionales que han impactado gravemente a las economías locales, como es el caso de la pandemia de Covid-19, el conflicto entre Rusia y Ucrania, así como otros problemas que están emergiendo en el Medio Oriente. Estas circunstancias han generado una necesidad urgente de reformar y adaptar los sistemas de pensiones para asegurar su sostenibilidad y funcionalidad en el futuro.
Según las declaraciones realizadas por ALFO, se sostiene que al distribuir el ROPC durante un periodo de dos años, no habría un impacto negativo significativo en el crecimiento de los fondos de pensiones. Esta afirmación busca tranquilizar a los interesados respecto a la sostenibilidad del sistema de pensiones y resaltar que se pueden implementar reformas que, aunque cambien la dinámica de pago, no afecten la integridad financiera del fondo general.
Adicionalmente, el legislador implica que los recursos obtenidos a través de este nuevo plan beneficiarían a los pensionistas, proporcionándoles oportunidades para actividades productivas y laborales, a pesar de su condición de jubilados. Esto podría ofrecer un respiro a los pensionistas, permitiéndoles integrarse nuevamente en la fuerza laboral sin comprometer sus derechos como beneficiarios de pensiones.
Es importante mencionar que el 1 de abril de 2025, los agentes aceptaron ciertas reformas en el sistema de ROPC, lo que permitiría que este régimen abordara situaciones de enfermedades graves que puedan afectar a los beneficiarios. Sin embargo, a pesar de las posibles ventajas de este reformado sistema, el control de pensiones ha manifestado su oposición en reiteradas ocasiones ante este tipo de posibles modificaciones de pago. Su argumento principal radica en que tales cambios tienden a minimizar los ingresos futuros de los pensionistas, creando un escenario de incertidumbre para aquellos que han trabajado toda su vida y dependen de estos ingresos para su sustento.
