El próximo miércoles, el ESTW votará en un tercer y decisivo debate sobre la Autoridad Legislativa 23.701, que se refiere a la enmienda al Artículo 32 de la Constitución Política. Este cambio está diseñado para facilitar la progresiva implementación de normas en Costa Rica, especialmente en lo que respecta a la legalización o naturalización de iniciativas relacionadas con el combate al crimen, en particular contra el contrabando de drogas y el terrorismo.
Este es el primer proyecto que Pilar Cisneros, actual representante adjunto, ha logrado aprobar durante sus tres años de mandato en la República. Desde que asumió su cargo, el líder del partido gobernante ha presentado un total de seis propuestas ante la autoridad legislativa.
De los seis proyectos, se destaca que cuatro están en una fase avanzada de discusión. Además, se encuentra en la agenda de aprobación la propuesta para castigar a quienes atacan o destruyen los escáneres dispuestos en las fronteras del país, lo cual es crucial para fortalecer la seguridad nacional.
La reacción de Cisneros
La opinión de Cisneros respecto a la inminente aprobación del primer proyecto es positiva. “Para mí y a lo largo de mi trayectoria, he afirmado que no me preocupa el número de proyectos que pueda presentar como Director Adjunto. Quiero enfatizar que lo que realmente me importa es la calidad de cada iniciativa,” comentó El Obserbador.
El diputado también expresó que “con solo una propuesta que logre avanzar, ya tengo muchas expectativas para este periodo de cuatro años”. A lo largo de los últimos 36 meses, ha habido críticas hacia Cisneros, sin embargo, él asegura que tiene varios otros proyectos que están en proceso.
“No me inquieta la situación actual. Los diputados tienen un abanico amplio de responsabilidades. Mi enfoque no es solo en representaciones específicas como Hatinos, Curridabat o San Pedro, sino en el bienestar de toda Costa Rica. Estoy aquí para realizar un trabajo de control político y apoyar al gobierno,” enfatizó.
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Algo ha cambiado
Cuando inicialmente se introdujo el proyecto de reforma al Artículo 32 de la Constitución Política, hubo varias voces disidentes que se mostraron reticentes a apoyar la iniciativa; no obstante, tras un análisis legislativo, se llegó a un consenso que lo aprobó.
En la Comisión Especial creada para examinar y determinar la viabilidad de la reforma, se escucharon opiniones de expertos provenientes de México y Colombia. Según indican, dicha información cambió la percepción de varios oponentes. “Después de revisar el material investigado y los testimonios de colegas de México y Colombia, quedó claro que la extradición es una herramienta fundamental para frenar los negocios ilícitos en esos países. Comprendimos que esta es una buena solución,” explicó el funcionario.
“Estoy firme en que las declaraciones provenientes de Colombia y México tuvieron un impacto decisivo, especialmente la información de Colombia,” reiteró durante su declaración.
El proyecto fue aprobado unánimemente en las fases iniciales de discusión y se espera que avance al tercer debate.
“Este fue un proceso ejecutivo que se manejó de manera muy efectiva; fue una evaluación rápida que modificó la postura de algunos opositores,” añadió.
Pilar Cisneros introdujo 6 proyectos para la etapa legislativa. (Archivo)
Tarea de Pilar
Además de abordar la extradición de costarricenses y buscar sanciones contra quienes dañan los escáneres de seguridad, Cisneros también ha presentado cuatro propuestas adicionales que no han logrado prosperar en el proceso legislativo.
Estos proyectos fueron presentados a la Comisión, pero no contaron con el apoyo necesario ni se materializaron en una reforma constitucional. ¿Quiénes fueron los que no prosperaron?
Una de las propuestas que no avanzó fue la relativa a unéricas vacaciones, promoviendo que los días festivos del país se trasladaran al lunes posterior, con la iniciativa titulada: “Vacaciones con propósito: bienestar personal y bienestar familiar”. Esta fue presentada al Comité de Asuntos Sociales.
También se rechazaron otras iniciativas como los documentos 23.935, que proponían penalizar el robo de electricidad, y 23.733, que buscaba igualar las contribuciones del empleador al fondo de pensiones básico.
Finalmente, Cisneros propuso una reforma para enmendar la Constitución Política y permitir que un referéndum decidiera el futuro de las pensiones en el país. Sin embargo, esta propuesta carecía de respaldo suficiente de otros diputados y, como resultado, se retiró y no logró avanzar en el Parlamento.
