San José, 14 de mayo (Elmundo.cr) – La situación actual dentro del Partido de Unidad Social Cristiana (Pusc) ha generado un considerable revuelo en la opinión pública, especialmente en relación con los archivos del expediente 24.495. Este proyecto, que permite que el OIJ puede realizar redadas las 24 horas, los 7 días de la semana, es fundamental para actuar de manera proactiva frente a las crecientes amenazas del crimen organizado. Sin embargo, el ambiente político se ha vuelto tenso, ya que se lamenta la falta de apoyo por parte del líder del país, el Presidente de la República, Rodrigo Chaves, quien ha sido criticado por no proporcionar las herramientas necesarias para enfrentar efectivamente el crimen organizado y el tráfico de drogas en el país.

Desde el PUSC, se ha expresado un fuerte rechazo hacia el veto presidencial que ha impedido que el archivo avance. Este veto ha limitado severamente las capacidades de realización de redadas, lo cual podría haber facilitado una lucha más efectiva y frontal contra el crimen organizado y el tráfico de drogas. Para el partido, esta decisión no es solo una cuestión de políticas de seguridad, sino que también es un reflejo de la dinámica de poder dentro del gobierno y su relación con la oficina del fiscal y el OIJ.

Se argumenta que la decisión de vetar la legislación responde más a tensiones políticas que a una verdadera intención de proteger la seguridad de los costarricenses. Muchos miembros del PUSC se sienten frustrados, ya que creen que este veto podría permitir que el crimen organizado se consolide aún más en el país, afectando así la calidad de vida de los ciudadanos. El jefe de la fracción del Pusc, Alejandro Pacheco, expresó que “esta ley es una herramienta importante para fortalecer la investigación penal, combatir el crimen organizado y brindar apoyo legal a las instituciones responsables de garantizar nuestra seguridad”. Las declaraciones de Pacheco resaltan la urgente necesidad de que se reconstruya una cooperación efectiva entre la administración pública y las entidades encargadas de la seguridad.

El PUSC ha hecho un llamado impresionante a todos los grupos legislativos, instando a los legisladores a reunirse y considerar la reactivación de esta iniciativa, que tiene como objetivo principal garantizar un entorno más seguro para todos los costarricenses. El partido cree firmemente que un esfuerzo conjunto en la asamblea puede cambiar el rumbo actual en perjuicio de la seguridad ciudadana. La colectividad está convencida de que, a través de medidas legislativas como estas, se puede construir un marco más fuerte y robusto para enfrentar el desafío del crimen organizado, protegiendo así a la población.