Randall Zúñiga, quien ocupa el cargo de director del Instituto de Investigación Judicial (OIJ), ha emitido una respuesta significativa respecto al veto impuesto por el Gobierno de la República. Este veto está ligado al proyecto de ley que pretende ofrecer a los agentes de pensiones la posibilidad de retirarse a los 55 años después de haber cumplido con al menos 30 años de servicio. Esta cuestión ha generado un gran interés y debate en la sociedad.

Durante la tarde de hoy, Marta Esquivel, ministra de planificación, junto con Alejandro Barrantes, el viceministro del Presidente, se presentó en la Asamblea Legislativa con el propósito de dar a conocer oficialmente el veto. Esta medida requiere contar con un mínimo de 38 votos para su eventual aprobación.

Zúñiga subrayó que la última discusión sobre esta misma ley recibió 40 votos a favor, por lo que confía en que se mantendrá el apoyo necesario para su registro. Esta confianza se basa en el compromiso que han demostrado los diputados hasta el momento.

“Es nuestra expectativa que en el mismo periodo se retome la discusión del proyecto de ley y que continúe siendo parte del proceso donde los diputados, con su apoyo, apoyan este proyecto fundamental”, declaró Zúñiga el martes por la noche, reflejando su optimismo y deseo de colaboración legislativa.

Diferencia

Una de las justificaciones presentadas por el gobierno para el veto es que, a largo plazo, las pensiones podrían no ser sostenibles ante el actual comité de pensiones del poder judicial, que ha expresado preocupación por su viabilidad.

No obstante, Zúñiga resaltó que se dispone de un informe actuarial reciente que muestra una solvencia del 97% del fondo de pensiones, lo cual indica que la situación es mucho más favorable. “Esto refleja una mejora significativa desde que asumí responsabilidades, cuando la solvencia era del 84%. Esa cifra proviene de un estudio actuarial realizado en 2020, que era el último en ser evaluado”, precisó Zúñiga, enfatizando la mejora de la situación financiera.

Además, Zúñiga defendió que el sistema de pensiones del OIJ es significativamente más ventajoso, resaltando que sus pensiones son en promedio tres veces más altas que las de otros funcionarios públicos. Esto es importante, dado que todos los servidores públicos que se están jubilando actualmente dejan de percibir otros beneficios, como los de discapacidad o compensaciones por viajes y fallecimientos, lo que podría afectar su calidad de vida. En contraste, los funcionarios de la corte, al momento de su retiro, continúan contribuyendo con un porcentaje al fondo de pensiones, lo que no sucede con los demás servidores públicos.

Es relevante señalar que el veto enviado al Congreso hoy es un documento extenso de 319 páginas, que incluye una evaluación actuarial exhaustiva sobre el Fondo de Jubilación y Pensiones del Judiciario, proyectado para el año 2024.

Defender al público

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, había adelantado semanas atrás que vetaría esta legislación. Su justificación era que este veto es una defensa del interés público, ya que muchos no cuentan con la posibilidad de acceder a una pensión a los 55 años, lo que ha hecho que la iniciativa sea muy polémica. Comparó la situación de los agentes policiales y sus circunstancias laborales, que son notablemente diferentes.

“Los agentes de policía se enfrentan a riesgos más extremos comparados con los de la corte, y es importante considerar su carga laboral, que incluye aportar entre 5 y 10 kilogramos de equipo durante sus jornadas en terrenos difíciles”, explicó Chaves, aludiendo a casos específicos como el de Maynor Martínez, un oficial recientemente retirado. Este tipo de trabajo requiere de altos niveles de sacrificio y compromiso.

En respuesta a estas declaraciones, Zúñiga aseveró que los tiempos y condiciones laborales de los funcionarios judiciales son comparables con otros cuerpos de policía. En términos cuantitativos, se han registrado hasta 3,000 horas de trabajo al año para su personal, mientras que en otros cuerpos policiales el promedio se encuentra entre 2,000 y 2,244 horas anuales, lo cual destaca la dedicación y esfuerzo de los agentes del OIJ.

Desde la administración ejecutiva, se argumenta que el veto representa:

• Una violación a la igualdad ante la ley.
• Un daño a los principios de razonabilidad y equidad.
• Una amenaza a la sostenibilidad financiera del sistema.

La propuesta que ha generado tal controversia fue presentada inicialmente por Dragos Dolanescu, subdirector general del OIJ, en el año 2021, y fue impulsada por la diputada libertaria Alejandra Larios durante el actual período legislativo.

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